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Existe una cierta confusión en relación con los distintos términos con los que nos referimos a la acción de gestionar la influencia por parte de empresas y asociaciones. A menudo se utilizan como sinónimos términos tales como asuntos públicos, lobby o relaciones institucionales. Sin embargo, convendría distinguirlos, pues designan realidades y acciones diferentes, con matices propios y específicos.
Por lobby entendemos toda actuación dirigida a influir exclusivamente ante los órganos de la Administración pública que han de decidir sobre una determinada política o regulación, con el fin de promover que dicha decisión resulte favorable a los intereses de una empresa o sector. A través del lobby, quien lo practica dirige todos sus esfuerzos a promover, frenar, enmendar o aprobar una determinada normativa o acción política.
La relaciones institucionales, por su parte, consisten en la actividad sostenida que toda gran empresa ha de llevar a cabo para mantener un cierto grado de interlocución con los entornos estratégicos y actores clave dentro de su ecosistema (gobiernos y administraciones públicas, instituciones, órganos reguladores, asociaciones, patronales, ONGs…).
En cambio, el concepto de asuntos públicos es más amplio que los dos anteriores, a los que, junto a otras actividades, puede integrar. El sintagma “asuntos públicos” designa dos realidades diferentes. Por un lado, se refiere a aquellos aspectos que atañen a la empresa en sus relaciones con “lo público” (la regulación que le afecta, las políticas públicas de su interés, las administraciones con las que ha de relacionarse…). Por otro, a la actividad necesaria para abordar dichos asuntos en defensa de sus intereses legítimos.
Así, la gestión de los asuntos públicos es más amplia y más compleja que aquella a la que las empresas harían frente mediante herramientas más parciales como el lobby o las relaciones institucionales. De hecho, tanto el lobby como las relaciones instituciones son empleadas, por lo general, como instrumento de acción en asuntos públicos, dentro de la estrategia que se haya definido, y siempre junto a otras herramientas como la comunicación estratégica o la construcción de alianzas.
En definitiva, los asuntos públicos se ocupan de establecer y mantener relaciones con el gobierno, con las administraciones públicas y con la comunidad local, y sirven a empresas y organizaciones de instrumento para construir una sólida reputación e informar al mismo tiempo con transparencia sobre sus proyectos e intereses. Además, constituyen una herramienta clave para tender puentes hacia los diferentes stakeholders, con el fin de influir en las políticas públicas y en la regulación que les resulta de aplicación o que les influye en su desarrollo como empresa.
Una empresa o institución recurre a los asuntos públicos cuando necesita desarrollar una estrategia orientada a ampliar su capacidad de influencia para conseguir determinados fines o defender sus intereses, empleando para ello de manera coordinada diferentes tipos de herramientas: las relaciones institucionales y el lobby, la construcción de alianzas con stakeholders, la comunicación y las relaciones con los medios, entre otras.
En conclusión, la gestión de asuntos públicos consiste en el conjunto de actuaciones tendente a influir en nuestros entornos estratégicos y en las decisiones de actores clave a favor de quien o quienes las realizan.
En ATREVIA ayudamos a las empresas y organizaciones a construir y reforzar su posicionamiento e influencia en entornos estratégicos, tanto en el ámbito privado como en su relación con los decisores públicos. Si deseas recibir más información, nuestro equipo de Public Affairs, liderado por Manuel Mostaza, puede ayudarte.
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