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México, reformas constitucionales, democratización, acuerdo político, reforma ... Lo que dependía su avance era la combinación de dos factores críticos: la ... a) La reforma del proceso de gobierno o de la gestión pública que se ... A través de constantes reuniones han hecho planteamientos importantes ... te puede servir
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Producto de la iniciativa social y gubernamental, las reformas mexicanas de los años ochenta fueron la respuesta a un sistema político y a un patrón de gobierno altamente centralizado y autónomo que, al principio de esa década, llegó a los límites de su control político y de su intervención económica, desplomándose en un histórico déficit fiscal y de credibilidad, por lo que se puede afirmar que 1982 fue el comienzo del fin. La insolvencia fiscal del Estado mexicano que detonó la recesión económica nacional fue interpretada por numerosos sectores sociales como síntoma y desenlace de una profunda patología política: un gobierno interventor que llegó a imaginarse sin límites de poder y sin límites de recursos. En respuesta, ocurrió la insurgencia social que reclamó controles democráticos y asignación eficiente de recursos públicos: libertades políticas (democracia) y libertades económicas (redimensionamiento del Estado) (Aguilar Villanueva, 1992:194).
De 1982 a 1992 fueron años de tensiones, exploraciones, aprendizaje y cambios por parte de los gobiernos. De parte de la sociedad fue el tiempo de la reivindicación democrática: la opinión pública se volvió más crítica de la actuación gubernamental, las iniciativas de individuos y grupos lograron una mayor independencia respecto de las obligadas organizaciones oficiales de representación de intereses, aprendiendo a encontrar soluciones más efectivas sin invocar la benévola o coactiva presencia estatal; se avanzó en dar forma a un sistema competitivo de partidos y se redescubrió y valoró el ámbito privado, despuntando un incipiente cultura de la ciudadanía.
Por su lado, el gobierno llevó a cabo un esfuerzo sistemático por sanear las finanzas públicas, para lo cual revisó y restringió la intervención estatal mediante la liquidación y venta de empresas públicas, cancelación de programas, reducción del gasto público, buscando introducir estrategias alternativas de atención a los agravados problemas sociales. No obstante, la debacle fiscal de 1982, en conjunción con medidas políticas y económicas, muchas de ellas desacertadas, de una presidencia desprestigiada provocó el enjuiciamiento del sistema político mexicano. A diferencia de otros dramáticos percances del pasado, la insolvencia fiscal del Estado y la consecuente parálisis de la economía ya no fue interpretada pacientemente como simple torpeza del gobierno en la formulación y gestión de la política económica. La reivindicación de la "democracia sin adjetivos" de parte de una sociedad "agraviada" por el trato gubernamental fue el estado de ánimo y el programa de acción de esos años (Aguilar Villanueva, 1992:204).
Reformar causaba inestabilidad porque atacaba a los intereses creados que tradicionalmente habían sostenido al régimen, pero no reformar causaba inestabilidad porque el estancamiento económico y la inflación carcomían a la sociedad, deterioraban los niveles de vida de la sociedad, desequilibraban aún más la ya de por sí pésima distribución del ingreso, facilitaban el desarrollo de movimientos fundamentales y mesiánicos y, en general, corroían el tejido social.
Para algunos estudiosos de los problemas del desarrollo, unos años más lo que acabó por llamarse la crisis hubiese destrozado todo concepto de nacionalidad, como parece haber ocurrido en otras naciones del sur del continente. La necesidad de reformar era evidente, pero sus consecuencias eran también evidentes. Miguel de la Madrid pudo haber seguido la política de sus predecesores pero optó por la reforma, asumiendo, en las disputadas elecciones de 1988, la revancha íntegra de los intereses creados que se oponían no sólo a la reforma, sino a la necesaria transformación de un país que de otra forma se hubiera mantenido en su nivel de subdesarrollo cada día más (Rubio, 1992: 195).
La transición, sin embargo, se tornó compleja puesto que involucraba una transformación que iba más allá de lo gubernamental: se requería un profundo cambio en la cultura política imperante que privilegiara la competencia sobre el monopolio político, todo ello dentro de reglas del juego claras y establecidas. El proceso de cambio no fue unívoco aunque sí estructural. La sociedad tendía hacia una creciente diversidad con grupos de poder que contrastaban con la centralización del pasado. Además de su complejidad, era previsible que el proceso de transición tuviera altibajos en el camino. Lo que dependía su avance era la combinación de dos factores críticos: la persistencia de la reforma y la construcción sistemática de la coalición, empero, los primeros resultados apuntaron que el impacto en la sociedad prefiguraba dos países muy distintos, donde subsistían estructuras tradicionales y extraordinariamente centralizadas junto con una sociedad que tendía hacia una rápida descentralización.
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