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QUITO.- El derrame de combustible esta semana en las islas Galápagos dejará huellas irreparables en el entorno, pero no es el único ni el más grave problema ambiental que sufre esta excepcional reserva natural del Pacífico ecuatoriano.
A las secuelas ambientales derivadas de las 300 toneladas de combustible vertidas por el buque Jessica encallado en las islas, se suman la invasión de especies no endémicas, la sobrepoblación, la contaminación, la pesca masiva, los incendios y la creciente afluencia turística.
La Ley Especial de Galápagos, que tiene el objetivo de garantizar la conservación del ecosistema, rige sólo desde 1999, y en los últimos tiempos se registraron importantes alteraciones del ambiente.
Los ambientalistas atribuyen estos cambios al elevado aumento de la población de Galápagos, que incrementó la superficie cultivada, a la extracción de materiales para la construcción y a la contaminación por mal manejo de desechos sólidos y elementos químicos.
A eso se suma el impacto de los animales y vegetales introducidos en las islas.
En 1971 existían allí 170 plantas no endémicas, hoy la cantidad se eleva a 500 especies. Los expertos advierten que muchas de ellas destruyen las especies nativas. La isla Isabela -donde un incendio destruyó en 1994 más de 9 mil hectáreas- está invadida por 30 mil chivos salvajes que destruyen la vegetación y amenazan a las tortugas gigantes.
La pesca masiva de tipo industrial también ocasiona grandes estragos, y amenaza con la extinción de especies marinas como los pepinos de mar.
Más de 20 barcos atuneros ingresaron el año pasado al área de la Reserva Marina donde rige la prohibición de la pesca, pero sus propietarios no recibieron ninguna sanción. Los ambientalistas consideran también necesario organizar la llegada de los más de 60 mil turistas que visitan Galápagos cada año.
Antonio Enríquez, secretario de la Organización Mundial de Turismo, señaló que el ecosistema podría colapsar en menos de 10 años, por lo que urgen acciones inmediatas y oportunas de parte de las autoridades.
La actuación del gobierno de Gustavo Noboa frente al encallamiento del buque petrolero Jessica el 16 de este mes, provocó críticas de parte de grupos ambientalistas, quienes lamentan la falta de una acción inmediata que hubiera evitado el derrame.
Sólo la suerte impidió que la marea negra de mil 200 kilómetros cuadrados afectara a alguno de los 10 mil galápagos, las tortugas gigantes que dan nombre a las islas, según los ambientalistas.
Sin embargo, advirtieron que el futuro de las islas no puede depender, como hasta ahora, del azar.
El accidente no es el primero de este tipo en las islas. El buque de carga San Luis encalló hace un año, y lo mismo sucedió en septiembre y en diciembre a dos embarcaciones turísticas.
Esta catástrofe es una advertencia para revisar los códigos marítimos de acercamiento a las islas, expresó el director de la fundación Charles Darwin, Fernando Espinoza.
A las secuelas ambientales derivadas de las 300 toneladas de combustible vertidas por el buque Jessica encallado en las islas, se suman la invasión de especies no endémicas, la sobrepoblación, la contaminación, la pesca masiva, los incendios y la creciente afluencia turística.
La Ley Especial de Galápagos, que tiene el objetivo de garantizar la conservación del ecosistema, rige sólo desde 1999, y en los últimos tiempos se registraron importantes alteraciones del ambiente.
Los ambientalistas atribuyen estos cambios al elevado aumento de la población de Galápagos, que incrementó la superficie cultivada, a la extracción de materiales para la construcción y a la contaminación por mal manejo de desechos sólidos y elementos químicos.
A eso se suma el impacto de los animales y vegetales introducidos en las islas.
En 1971 existían allí 170 plantas no endémicas, hoy la cantidad se eleva a 500 especies. Los expertos advierten que muchas de ellas destruyen las especies nativas. La isla Isabela -donde un incendio destruyó en 1994 más de 9 mil hectáreas- está invadida por 30 mil chivos salvajes que destruyen la vegetación y amenazan a las tortugas gigantes.
La pesca masiva de tipo industrial también ocasiona grandes estragos, y amenaza con la extinción de especies marinas como los pepinos de mar.
Más de 20 barcos atuneros ingresaron el año pasado al área de la Reserva Marina donde rige la prohibición de la pesca, pero sus propietarios no recibieron ninguna sanción. Los ambientalistas consideran también necesario organizar la llegada de los más de 60 mil turistas que visitan Galápagos cada año.
Antonio Enríquez, secretario de la Organización Mundial de Turismo, señaló que el ecosistema podría colapsar en menos de 10 años, por lo que urgen acciones inmediatas y oportunas de parte de las autoridades.
La actuación del gobierno de Gustavo Noboa frente al encallamiento del buque petrolero Jessica el 16 de este mes, provocó críticas de parte de grupos ambientalistas, quienes lamentan la falta de una acción inmediata que hubiera evitado el derrame.
Sólo la suerte impidió que la marea negra de mil 200 kilómetros cuadrados afectara a alguno de los 10 mil galápagos, las tortugas gigantes que dan nombre a las islas, según los ambientalistas.
Sin embargo, advirtieron que el futuro de las islas no puede depender, como hasta ahora, del azar.
El accidente no es el primero de este tipo en las islas. El buque de carga San Luis encalló hace un año, y lo mismo sucedió en septiembre y en diciembre a dos embarcaciones turísticas.
Esta catástrofe es una advertencia para revisar los códigos marítimos de acercamiento a las islas, expresó el director de la fundación Charles Darwin, Fernando Espinoza.
gatito2014xd:
gracias
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