ndaga en cualquier medio periodístico una noticia que tenga que ver con los obstáculos que han presentado los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero de las FARC. Y responde las siguientes preguntas: a. Reseña bibliográfica de la noticia b. Resumen de la noticia c. Que obstáculos se presentan para la paz en esa noticia d. Tiene que ver en algo los obstáculos que se le presentan a la paz en el país con el resurgimiento de masacres en el país. e. Cuál es tu punto de vista sobre la noticia que indagó en relación con la convivencia y la cultura de paz. 5. Responde la pregunta problematizadora. ¿volvieron las masacres en el país o nunca se han ido? Argumenta tu respuesta con base en la temática vista en la clase. ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Respuestas
Respuesta:
Explicación:
aun necesitas la respuesta
Respuesta:
De las “repúblicas independientes” al proceso de paz de La Habana
El conflicto colombiano, aunque hunde sus raíces en los años treinta con motivo de las luchas campesinas dentro de un país sin reforma agraria (Gilhodés, ١٩٧٢; Legrand, ١٩٨٨), inicia formalmente en 1964. Ello se debe a que fue en mayo de 1964, en un contexto de guerra militar del Estado sobre una serie de municipios, soliviantados por la utopía marxista y en armas frente al abandono institucional y el olvido gubernamental, cuando tuvo lugar la Operación Soberanía, conocida vulgarmente como “Operación Marquetalia”.
En uno de esos municipios –Planadas, en el sur de Tolima– se erigía la “república independiente de Marquetalia”, de modo que entre mayo y junio de 1964, 2.400 soldados trataron de reinstaurar el orden público y la legalidad frente a poco más de 150 campesinos levantados en armas (Semana, 1999). El conflicto, extensible a otras regiones cercanas de los departamentos de Huila, Tolima y Cundinamarca, llevó consigo un despliegue militar de más de 15.000 hombres, así como la puesta en marcha de todo un cerco militar, del cual cerca de 350 supervivientes, autodenominados como “Comando Sur”, en su segunda cumbre de 1966 se basarán en lo ocurrido dos años antes para rebautizarse a sí mismos como las FARC (Pizarro, 2011).
Desde entonces, el conflicto armado colombiano fue incorporando diferentes elementos que le imbuyeron una notable complejidad. A las FARC –y a pequeños grupos inspirados en el marxismo-leninismo previos, de escasa relevancia– se suman el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965 y la guerrilla maoísta del Ejército Popular de Liberación dos años después. Asimismo, y como las décadas de los setenta y los ochenta no resuelven el profundo déficit democrático del país, aparecen otras guerrillas, denominadas de “segunda generación”, como fueron el Movimiento 19 de abril (M-19) o la guerrilla indigenista del departamento de Cauca Quintín Lame. Por si lo anterior fuera poco, el déficit de seguridad en un Estado como el colombiano, por lo general con más territorio que institucionalidad, albergó la aparición desde 1978 (Medina, 1990) de grupos paramilitares que, si bien inicialmente se legitimaban por la ausencia de Fuerza Pública y la necesidad de repeler la violencia extorsiva de las guerrillas, rápidamente concibieron que aquel era el argumento óptimo para, en el fondo, poner en marcha todo un proyecto criminal de cariz territorial, político y militar (Ronderos, 2014). De la misma manera, desde inicios de los ochenta, el país experimentaba su incursión en el narcotráfico, hasta hacer eclosión los dos cárteles –el de Cali y el de Medellín– que durante una década se disputarían el control de la exportación de coca y desdibujarían la credibilidad del Estado colombiano como último garante de la seguridad, la soberanía y el monopolio tan efectivo como legítimo de la violencia.
Desde aquel momento y hasta inicios de la década pasada, el conflicto armado colombiano experimenta inconmensurables dosis de violencia, traducidas en forma de muertes violentas, desapariciones forzadas, desplazamientos de población y secuestros y extorsiones. De hecho, tal es la magnitud, sobre todo entre finales de los noventa y principios de la década pasada, que el país se aproxima a lo que en algún momento se definió como “Estado fallido” (Rotberg, 2004). Es decir, el Estado deviene incapaz de garantizar unos mínimos de seguridad territorial, jurídica y humana, habida cuenta del poder de los diferentes grupos armados involucrados en el conflicto. Las FARC, para ese entoonces superaban los 18.000 combatientes en 350 municipios, los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia hacían lo propio en cerca de 200 municipios, principalmente del norte del país, con otros 12.000 efectivos, y la guerrilla del ELN mantenía cerca de 5.000 efectivos en algo más de 150 municipios (Ríos, 2017). Expresado de otro modo, más de la mitad del país se encontraba afectada por la presencia de grupos armados y los niveles de violencia eran los más altos de América Latina. Únicamente en 1998 se contabilizaron 294 combates de las Fuerzas Militares, 229 del ELN, 356 de las FARC y 677 casos de masacres, mayoritariamente protagonizadas por las AUC. De igual manera, los desplazamientos forzados superaban los 160.000 casos y tuvieron lugar 2.860 secuestros (ODHDIH, s.f.).