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En el desempeño de sus tareas, las y funcionarios públicos están obligados a promover, respetar, proteger y grantizar los derechos humanos de todas las personas. La importancia de que conozcan el ordenamiento jurídico vigente y sus responsabilidades administrativas, radica en que la violación de derechos humanos puede darse también por omisiones en el ejercicio de sus funciones.
Fue por ello que, con el objetivo de incorporar el enfoque de derechos humanos como un eje rector de la política pública en los estados, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), firmaron en el año 2013 un convenio mediante el cual las instituciones