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la dificultad que experimentamos los eclesiásticos, no sólo los obispos, en comunicarnos con esta nueva sociedad española democrática, politizada, pluralista y secularizada. Sucesos bien recientes han hecho más actual esta cuestión pendiente. Cada vez se hace más clara la necesidad de la teología política en el seno de la Iglesia. Es decir, aquel ejercicio a través del cual la comunidad católica ejerce la autocrítica acerca de sus actuaciones públicas y expulsa de ella misma criterios y comportamientos que suenan a electoralismo o partidismo. Esta función propia de la teología política parece por sí misma evidente.
En segundo lugar, habrá que insistir una vez más en el derecho y la conveniencia de que la Iglesia como tal formule juicios críticos sobre comportamientos y actuaciones de la comunidad política. Ahora resulta especialmente oportuno reflexionar sobre estas dificultades coyunturales en las que suelen chocar las diferentes formas de comunicación individual o colectiva de aquellos que hemos sido llamados a reavivar la presencia del Evangelio en la opinión pública. La ambigüedad con que es utilizado el término 'Iglesia' en la sociedad española causa ya por sí mismo espanto en cualquier mente medianamente conocedora de la eclesiología. Un católico no debe hablar de la Iglesia en tercera persona, ni generalizar bajo ese término conductas personales o hechos concretos. Tampoco los que le leen o escuchan deben identificar las opiniones privadas como si nacieran de la voz autorizada de toda la Iglesia. Estas reflexiones en voz alta pueden hacernos bien a todos.
Creo que a estas alturas podemos afirmar, sin discusión, la mutua autonomía de ambas potestades. En España, la Constitución manda que los poderes públicos mantengan relaciones de cooperación con las confesiones religiosas (artículo 16.3). Esa cooperación puede adoptar a veces la forma de crítica. Será bueno también que en determinados casos se denuncie la inconsistencia de dicha crítica, sin que esto sea motivo de escándalo. Las apologías incondicionales han perdido credibilidad.
Pero aunque los principios de comunicación y cooperación no figuraran en la Constitución española, sobran argumentos, extraídos de la experiencia de las democracias europeas, aun de las de tradición más laica, para demostrar la necesidad de ese reconocimiento mutuo que han de mantener tanto la Iglesia como el Estado. Las fronteras entre el ámbito eclesial y el ámbito político, aunque se definan con facilidad en el plano teórico, en la práctica deben ser examinadas en cada caso y no acusar tan fácilmente de invasión de ámbitos, por neoconfesionalismo o por laicismo, como suele hacerse con precipitación en España, tan inclinada a la injerencia por pasados acontecimientos históricos.