Que efectos ha producido en la sociedad la violencia generada por narcotraficantes y paramilitares
Respuestas
Respuesta:
Visto así, en sus términos más generales, el riesgo de una deriva similar a la de Colombia parece en México bastante real e incluso cercano. No obstante, vale la pena analizar con un poco más de cuidado los tres factores básicos de la configuración para introducir algunos matices.
La debilidad del Estado, en cualquiera de nuestros países, es casi un dato que puede darse por descontado. Cualquiera de los indicadores que se quiera emplear dirá prácticamente lo mismo: nuestros Estados tienen recursos insuficientes para cumplir incluso con tareas básicas; su base fiscal es pequeña, precaria y volátil; carecen de un servicio civil sólido, profesional, bien equipado; y no pueden contar con una obediencia inmediata, incondicional y uniforme de la legalidad, porque hay otros recursos de orden práctico a los que debe acomodarse la lógica estatal. Esa debilidad del Estado significa que la legislación, los expedientes, el dinero y la autoridad del Estado son recursos que los actores pueden emplear en un campo en que existen también otros factores de orden, autoridad y poder. Ahora bien: la debilidad no es uniforme en un país ni tiene consecuencias iguales en todas partes, porque en cada caso se integra en un orden social distinto. En México, durante décadas, esta situación fue no un problema sino una solución para la integración política, la movilidad y la producción de orden, en una sociedad de enormes desigualdades económicas y regionales, a partir del sistema de intermediación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lo anterior quiere decir que los patrones de violencia, el arraigo del crimen organizado y las pautas de incumplimiento de la ley no son algo azaroso ni enteramente imprevisible. En México, responden a la organización del sistema priísta y a las formas en que se ha ido disolviendo. El gran negocio para las organizaciones criminales es, sin duda, el mercado de drogas. También en este caso, las abstracciones habituales desorientan un poco. Lo más frecuente –en la prensa, en los discursos políticos, también en algunos trabajos académicos– es que se recurra a la imagen de unos cuantos carteles colombianos o mexicanos, que controlarían un negocio de 100.000 millones de dólares anuales. Y se habla de capos y ajustes de cuentas y demás, con una imaginería tomada de El padrino. Pero la realidad es un poco más complicada.
Para empezar, los 100.000 millones de dólares del negocio son una fantasía, una cifra más que dudosa, construida a partir de indicadores muy poco confiables y muy obviamente sesgados (el dato proviene de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés). Los ajustes y las correcciones que se han hecho reducen la cifra a la mitad por lo menos. Por otra parte, en la composición del precio final de la droga, más de 70% corresponde a los últimos dos tramos: distribución local y minorista; es decir, el gran negocio no es el del contrabando, aunque siga siendo un negocio millonario. Hay que tomar en cuenta también que rara vez existe una «integración vertical» que incluya cultivo, procesamiento, contrabando, distribución y venta al menudeo. Los controles de puertos y fronteras favorecen una concentración relativa del contrabando en los grupos mejor organizados, pero el único tramo en que hay una posibilidad más o menos obvia de control monopólico es la venta al menudeo, que es un negocio rigurosamente local.