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El Banco de España acaba de publicar su Informe Anual 2018 (28-5-2019). Es la primera vez que dedica un capítulo específico a las consecuencias económicas de los cambios demográficos (capítulo 4º), que resumimos a continuación.
El Informe resalta que el fenómeno del envejecimiento poblacional supone un reto de primer orden y sus efectos se harán patentes en muchas áreas de la economía, al afectar a los patrones de consumo y de ahorro, generar una reducción de la fuerza laboral y, posiblemente, del ritmo de avance de la productividad, y, asimismo, poner a prueba la eficacia de las políticas de demanda para estabilizar la actividad. Además, supone un reto para la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar social, dado que implica un aumento muy pronunciado del gasto público en determinadas partidas, como el sistema público de pensiones.
Los hechos destacados de este capítulo del Informe se agrupan en tres grandes apartados:
1) Cambios en la estructura de la población:
• Los cambios demográficos, junto con los avances tecnológicos, están transformando profundamente nuestras economías, y lo harán aún más en las próximas décadas.
• Evolucionamos hacia una población sensiblemente más envejecida. Según las previsiones (con datos de Eurostat, AiRef, INE y Banco de España), la proporción de los mayores de 66 años frente a las personas de 16 a 66 años se va a duplicar entre 2018 y 2050: por cada persona mayor de 66 años solo habrá dos personas de entre 16 y 66 años.
• Este proceso de envejecimiento (aumento de la proporción de personas mayores) se explica:
— En el grupo de los mayores, por el aumento de la esperanza de vida de los ya mayores y por la llegada de las generaciones del baby boom de los años sesenta a este grupo.
— Por la reducción de los grupos de menor edad debido a la caída de las tasas de natalidad a partir de los años ochenta.
• Todo esto lleva a un aumento del peso relativo de la población de jubilados en relación con la población en edad de trabajar.
2) Impacto sobre la demanda y la oferta y políticas macroeconómicas.
• El envejecimiento poblacional afecta a la demanda y la oferta agregadas.
— Demanda. Los patrones de consumo y ahorro, inversión, renta y riqueza son diferentes en cada grupo de edad. Por ello, es previsible que tanto el consumo como su composición varíen. También habrá cambios en las carteras de activos de las nuevas cohortes de jubilados, que en la actualidad apuntan a un elevado peso de la propiedad inmobiliaria sobre la riqueza total y a un peso bajo de los fondos de pensiones y los activos financieros.
— Oferta. El crecimiento potencial de la economía responde a los cambios en el empleo y en la productividad. Existe evidencia en otros países avanzados que el envejecimiento de la población ha estado asociado a una reducción del crecimiento potencial por menor tasa de empleo y por caída de la productividad. Para paliar estos efectos sobre la oferta conviene desarrollar políticas educativas para asimilar los cambios tecnológicos y proporcionar incentivos para aumentar la edad de salida del mercado laboral.
• A medida que aumente la proporción de los mayores, variarán los efectos de las políticas macroeconómicas:
— Política monetaria: cabe esperar que los tipos de interés tenderán a ser bajos; la aversión a la inflación, mayor, y las presiones inflacionistas, menores.
— Política fiscal: el nivel y la composición de los gastos públicos y de la recaudación impositiva variarán, con cambios en el peso relativo de las cotizaciones sociales frente al gasto en pensiones, y menores niveles de recaudación en el impuesto sobre la renta por rentas del trabajo y, previsiblemente, en impuestos indirectos.
3) Las políticas sociales
• La disminución del peso relativo de la población en edad de trabajar frente a la de los jubilados significa que los ingresos por cotizaciones sociales disminuyen en relación con el mayor gasto en pensiones, sanidad y dependencia.
• Este desequilibrio entre los ingresos y los gastos hace necesarias una reforma de calado del sistema de pensiones y otras políticas sociales (gasto en sistema sanitario y en programas de dependencia), de modo que se revisen sus fuentes de financiación y el nivel y eficiencia de las prestaciones.
• Las reformas tienen que ser financieramente sostenibles, ofrecer las prestaciones suficientes y distribuir equitativamente los costes y los beneficios entre las generaciones actuales y las futuras.
• Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral y en favor de la natalidad pueden contribuir a alcanzar una situación demográfica más equilibrada.
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