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La ciudadanía emancipada toma la igualdad social como valor central, entendida como derecho de las personas a tener iguales oportunidades para acceder a los bienes social y económicamente relevante. Es descrita como la conquista social de lo público por encima de lo individual. Supone políticas sociales inclusivas que redistribuyen fuertemente los recursos económicos. De este modo, se generan las condiciones necesarias para que aquellos que han sido menos beneficiados en la distribución de bienes económicos, sociales y culturales sean percibidos como portadores de derechos que pueden exigir su cumplimiento. Esa ciudadanía emancipada supone una concepción de igualdad profunda, reconocida jurídicamente y concretada en los hechos, ya que cada ciudadano participa en la definición de sus intereses las estrategias para satisfacer sus demandas.