como crees que ha fluido la mineria en estos estados
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Las actividades mineras no están de cuarentena en la emergencia sanitaria por el COVID-19
toda la atención del gobierno de Ecuador está puesta en la emergencia sanitaria que comenzó el 16 de marzo de 2020 por el aumento de contagios del COVID-19. La gran mayoría de recursos y miradas están destinados hacia allá. Sin embargo, hay lugares y poblaciones que se escapan de esta atención, como aquellas donde se realiza minería, con o sin licencia ambiental, ya sea en su fase de exploración o explotación.
En el estado de excepción nacional, la actividad minera ilegal no ha cesado: en la parroquia Pacto, en Pichincha; en la parroquia Larama, en Loja y en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, según denuncian sus pobladores, se sigue practicando. El pueblo indígena Shuar Arutam, en la provincia de Morona Santiago, exige la expulsión de las mineras de sus territorios por temor al contagio del virus, mientras que en la provincia de Napo una empresa sigue trabajando normalmente, según denuncian las organizaciones indígenas.
La minería legal tambíen continúa en esta época de cuarentena. Mientras la gran mayoría de las industrias del país están paralizadas, la megaminería sigue operando con la venia del gobierno: el Decreto Ejecutivo 1017 emitido el 16 de marzo de 2020, dice que las actividades relacionadas a los sectores estratégicos pueden seguir durante la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio originado por el COVID-19, que en Ecuador ya ha causado más de 300 muertes y más de 400 fallecimientos por confirmar. Este decreto fue ratificado un día después por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales Renovables y No Renovables.
Al norte persiste sin control la minería legal e ilegal
El 4 de abril de 2020, varias organizaciones ecológicas —nacionales como la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) y el Comité Ecuménico de Derechos Humanos (Cedhu), e internacionales como Amazon Frontlines y Land is Life— denunciaron en un comunicado que durante la emergencia sanitaria las actividades mineras a pequeña escala —extracción de oro realizada por mineros o pequeñas empresas—, se han intensificado en cinco comunidades afrodescendientes del cantón San Lorenzo, en la provincia costera de Esmeraldas, en la frontera con Colombia.
La denuncia dice que los resultados de actividades de monitoreo comunitario realizadas el 19 de febrero y el 25 de marzo de 2020 determinaron que sigue existiendo explotación minera legal e ilegal de oro en esa zona. El comunicado indica que el río Bogotá, el río Tululbí, el río Santiago y el Estero María están contaminados con metales pesados como aluminio, hierro y arsénico. Además, que hasta los ríos llegan aguas residuales y aguas turbias provenientes de la minería.
Natalia Bonilla, de la organización ambientalista ecuatoriana Acción Ecológica, dice que están preocupados por las actividades mineras en ese sector, sobre todo porque hay una medida cautelar desde 2011 que prohíbe toda actividad de minería legal e ilegal en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, de Esmeraldas. Además de la contaminación de los ríos, “estos frentes mineros representan un posible contagio de COVID-19”, dice Bonilla.
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