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En 1839 Perú era una nación destrozada. La deuda y la destrucción que vino después de las guerras de La Confederación (1836—1839) y de la Independencia (1822—1825), de una agobiante deuda por impago en 1826 y de varias centurias como colonia española, habían dejado a la economía del país empequeñecida y dominada por la artesanía, incluso sin sistema bancario (1).
Pero a principios de 1840 los exploradores hicieron un excitante descubrimiento. Debido a una rara escasez de lluvia y a la peculiar variedad de pájaros que anidaban allí, se encontró que en la Islas Chincha estaban cubiertas por montañas de excremento de pájaro acumulado durante años, que en algunos sitios alcanzaba varios cientos de pies de altura. Se creyó que se trataba de los mayores depósitos de guano del mundo, y de una particular calidad, en una época en la que el guano era usado como fertilizante en todo el mundo. Así que, de la nada, se hallaba un valioso recurso natural que prometía —si se manejaba adecuadamente— producir riqueza que haría “tambalearse los sueños de la imaginación oriental” dando paso posiblemente a una nueva era de desarrollo y progreso (2).
La oportunidad fue inmediatamente obvia para los políticos peruanos. En la Lima postcolonial, de hecho “la actitud que prevalecía era la de que la política era un negocio y que una vez que se alcanzaba (un cargo público) lo normal era obtener beneficios” (3). Así que no mucho después del descubrimiento de los depósitos de guano, el gobierno Peruano tomó posesión de las islas de forma inmediata, abiertamente para asegurar «la integridad nacional y el uso productivo del guano» (4). Se asumía implícitamente que el estado, con su monopolio de la fuerza, actuaría como custodio de dicho recurso para su pueblo. «El estado Peruano (…) contemplaba el monopolio del fertilizante como un bien público y un recurso de desarrollo (…) una prosperidad que podría aprovecharse para conducir a una amplia y mayor modernización y desarrollo» (5).
Así que se designó a un político, Francisco de Quiroz, para dirigir la extracción inicial y las operaciones de transporte por mar. Al cabo de pocos años, a medida que el potencial económico de los campos de fertilizante se hacían aparentes, el gobierno llevó a cabo una serie de «progresivos y muy notables afianzamientos de su posición» sobre los contratistas, expandiendo su control hasta incluir el poner precios y proveer prisioneros para la extracción del guano (6).
Lo primero que hizo el gobierno peruano con las ganancias procedentes del fertilizante fue saldar sus deudas de guerra; en 1853 —contra todo pronóstico— se encontró brevemente, envidiablemente, liberado de las deudas. De todos modos, inmediatamente empezó a endeudarse de nuevo, garantizando los adelantos de las futuras ventas de guano contra sí mismos.
Si bien «la retórica del liberalismo económico a menudo resonaba —más bien por las apariencias— en las publicaciones y anuncios oficiales» en la práctica, el negocio de la extracción y el transporte de materia fecal a cargo del estado era puro mercantilismo: nacionalización de un recurso para el engrandecimiento del estado con una notable —a menudo reconocida— inclinación a dispensar los beneficios correspondientes a individuos y grupos favorecidos por el propio estado (7).
En las siguientes décadas, los gastos del estado se expandieron a la vez que las ganancias del guano. «Gastos militares y pago del interés de la deuda se llevaban grandes porciones de dicho crecimiento (…) El control de los beneficios del guano (…) permitía al gobierno recompensar a los que le apoyaban y financiar un gran ejército (…) Los beneficios del guano eran un premio, que incrementaba las ganancias privadas de los partidos que eran capaces de ganarse el control del estado» (8).