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Desde que se empezó a incorporar la participación como componente de las políticas públicas se le han atribuido capacidades para desarrollar gestiones más justas, eficaces y legítimas. La evidencia arroja resultados desiguales, pero aun así la participación ciudadana es una realidad que implica la inversión de recursos y que parece haber llegado para quedarse. En este trabajo se hace una revisión de las principales implicaciones técnicas y políticas que tiene la participación ciudadana, los dilemas que deben equilibrarse y se sistematizan cinco dimensiones cuyo entrecruzamiento da lugar a las opciones para diseñar la oferta que los gobiernos hacen a los ciudadanos de prácticas y políticas participativas. El planteamiento general consiste en reconocer la necesidad de desarrollar capacidad analítica para delimitar la práctica y mejorar el diseño de la oferta institucional participativa.
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