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Servicios públicos son el conjunto de actividades y subsidios permitidos, reservados o exigidos a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento de la sociedad, y, en última instancia, favorecer la realización efectiva del desarrollo personal, económico, la igualdad y el bienestar social. Suelen ser servicios esenciales, ya que los costos corren a cargo de los contribuyentes a través del Estado (gasto público). Tienen una presencia especialmente significativa en los países de economía mixta que siguen modelos político-económicos como el Estado social o Estado del bienestar. A menudo suele ser tratado en los organismos internacionales como un elemento fundamental dentro del welfare state.[1]
Genéricamente, un servicio esencial es una actividad desarrollada por una institución pública o privada con el fin de satisfacer una necesidad básica del conjunto de la sociedad, sin malgastar los recursos públicos.
Los consumidores y usuarios de servicios públicos están protegidos por la Ley de defensa del consumidor, que los ampara frente a las empresas prestadoras de servicios, como el gas, la luz o el teléfono y establece que cuando el consumidor hace un reclamo por fallas en el servicio, las empresas tienen la obligación de registrar su reclamo por cualquier medio disponible.