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La Constitución rige en tiempos de paz como de guerra, ninguna emergencia le es ajena y por ello la restricción de derechos debida a una emergencia debe ser efectuada con extrema cautela porque supone la concesión
de competencias que pueden tener consecuencias muy graves para el estado
de derecho. Al mismo tiempo, estas normas dictadas apresuradamente, en
muchos casos con un importante desorden, no solo son una pendiente al
autoritarismo sino también una muy mala receta económica.
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