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Respuesta:
Todo el mundo está a la espera de tratamientos eficaces contra el coronavirus. Y, sobre todo, de la ansiada vacuna que permita recuperar la normalidad. Pero cuando se desarrolle y apruebe, entraremos en una situación en la que todos los países la querrán para sí y en la que no sabemos qué precio podríamos tener que pagar. Ahora, mientras el mundo espera, es el momento de crear las condiciones para que pueda administrarse de forma asequible y universal.
Explicación paso a paso:
La organización Salud por Derecho lleva años trabajando por un acceso global a los medicamentos y a los servicios sanitarios. Hace poco han publicado un informe sobre la inversión pública que se está haciendo contra la
Hablamos con su dirctora ejecutiva Vanessa López sobre los pasos que convendría dar para garantizar el acceso a la vacuna y a los tratamientos y sobre un modelo de patentes cada vez más cuestionado.
“Si queremos que los resultados sean bienes para todo el mundo, necesitaremos no solo precios asequibles, sino que haya varios productores. Si se concede una licencia exclusiva para una compañía que sea la única que puede fabricar y comercializar una vacuna, eso será imposible”
Muchos de los proyectos para conseguir vacunas o medicamentos contra el coronavirus están liderados por compañías privadas. ¿Qué puede suponer esto respecto al acceso universal cuando estén disponibles?
Lo primero que creo que debemos tener claro es que la gran mayoría de la inversión que se está haciendo en la investigación, tanto de medicamentos como de vacunas contra el nuevo coronavirus, es pública. Puede parecer que las empresas están trabajando solo con sus propios recursos, pero no es así. Dicho esto, si queremos que los resultados sean bienes para todo el mundo, necesitaremos no solo precios asequibles, sino que haya varios productores que puedan elaborarlos. Si se concede una licencia exclusiva para una compañía que sea la única que puede fabricar y comercializar una vacuna, eso será imposible.
Hubo un ejemplo reciente cuando Gilead solicitó la aprobación de remdesivir por procedimiento acelerado y, aunque lo consiguieron y eso podría darles exclusividad, renunciaron por la presión popular. ¿El hecho de que ahora el mundo esté tan pendiente puede frenar este tipo de movimientos?
Sí, la presión popular es fundamental. Nosotros mismos como organización firmamos una carta junto con más de 150 organizaciones y personalidades pidiendo que se retirara la solicitud. ¡Nos dedicamos a eso! [sonríe]. Pero creo que no debemos dejar que estas cosas sucedan y después reaccionar para ver si una compañía se echa atrás. Son los Gobiernos, que además están invirtiendo el dinero, los que tienen que crear las condiciones para que esto no pase. Y eso implica establecerlas por contrato.
¿Cómo deberían regular la situación los Gobiernos?
Aquí podrían diferenciarse dos líneas. Cómo actúa un país a nivel nacional e internacional. Cuando un país decide dar fondos a grupos de investigación puede introducir cláusulas que obliguen a esos equipos, ya sean públicos o privados, para que si se obtiene un producto exitoso, se cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, que el precio sea asequible y que el Estado se reserve la facultad de regularlo. También que las licencias que puedan resultar sean abiertas para evitar monopolios y que pueda haber varios comercializadores.
En el caso actual es más necesario que nunca porque si no será imposible abastecer a toda la población. Eso es lo que estamos pidiendo a los Gobiernos, y en el fondo es la misma lógica que debería operar a nivel internacional. Por ejemplo, la CEPI [Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias] lleva recaudados más de 800 millones de euros para financiar el desarrollo de una vacuna –pretenden llegar hasta 2.000 millones– y la mayor parte son públicos. Si la vacuna es exitosa deberían seguirse las mismas premisas.