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La democracia en América Central llegó de manera más tardía que en el sur del continente y, a menudo, después de procesos más violentos, aunque pertenece de pleno derecho a la “tercera ola de la democracia”. Ese retorno planteó la necesidad de generar acuerdos entre fuerzas políticas antagónicas, a veces enfrentadas militarmente, que dejaron como resultado miles de víctimas. El rediseño de las reglas del juego se tradujo en los acuerdos de paz o en nuevas Constituciones que plantearon implícitamente algunos de los dilemas abordados por el Contrato Social de Jean Jacques Rousseau: cómo lograr que el contrato social supere el estado de guerra (en el caso centroamericano, entendido en un sentido literal), cómo garantizar la libertad y la igualdad en sociedades altamente desiguales, cómo establecer la legitimidad de las autoridades a partir del consentimiento de todos.
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A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, Colombia reconoce la participación ciudadana
como un valor constitucional, un principio fundamental y como uno de los fines esenciales del Estado,
transformando el sistema político imperante a la fecha y avanzando significativamente en la construcción
de un modelo de Estado donde la ciudadanía, las regiones y las minorías juegan un papel fundamental
en la definición del destino colectivo. El objetivo principal de este trabajo es analizar el camino surtido
por la participación ciudadana en Colombia, contrastando las principales modificaciones normativas que
ha tenido el reconocimiento de la participación como derecho. Se realiza una conceptualización de la
participación ciudadana, se estudian los avances y obstáculos de su reconocimiento en la Constitución del
91, y los principales retos y desafíos de la nueva Ley de Participación Democrática – Ley 1757 el 2015-
. Lo anterior para evidenciar, que al menos normativamente, la participación ciudadana es un derecho
indispensable para el funcionamiento del sistema democrático.
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