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El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Thierry Rostan, explicó este 22 de agosto la reducción en la presentación del informe Monitoreo de Cultivos de Coca del 2018 en un acto al que asistió el presidente Evo Morales.
El gobernante, que mantiene el liderazgo del sector cocalero de la zona del Chapare (centro), destacó que la hoja de coca en su estado natural es "alimento, pero también medicamento", aunque enseguida reconoció que el narcotráfico incide en sus precios.
"Lamento mucho ese mercado ilegal de la cocaína, sigue ese mercado ilegal regulando el precio de la coca", admitió Morales ante un grupo de diplomáticos y dirigentes campesinos.
Según la UNODC, los cultivos se redujeron de 24.500 a 23.100 hectáreas entre el 2017 y el 2018, volviendo al nivel en que estaban en 2016.
No obstante, las plantaciones siguen por encima del tope máximo de 22.000 hectáreas fijado en la ley General de la Coca de 2017, cuando Morales subió ese límite legal desde las 12.000 hectáreas en que se encontraban desde el 1998 aunque el mismo no se respetaba.
La coca es la base de la producción de la cocaína, pero en Bolivia tiene un uso legal para la masticación de la hoja o "acullicu", en las infusiones contra el "mal de altura" y en algunos productos minoritarios como pomadas, harinas y energizantes.
La coca es considerada en la Constitución, promulgada por el mismo Morales en 2009, como "patrimonio cultural, recurso renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social", y es defendida por los indígenas bolivianos como "hoja sagrada".
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La ubicación geográfica de Bolivia y su permeabilidad fronteriza, más que su producción, son los factores con mayor incidencia en su papel dentro de los esquemas internacionales del tráfico de cocaína.
Resumen
Bolivia integra, junto con Colombia y Perú, el reducido grupo de países en los cuales se produce la cocaína que se consume en todo el planeta. La elaboración local de ese estupefaciente se sustenta básicamente en las plantaciones de coca situadas en las regiones de los Yungas y el Chapare, aunque también se nutre de hojas y pasta base de origen peruano.
Sin embargo, la clave de la importancia boliviana en esta actividad criminal radica más en la ubicación del país y las crecientes dificultades para controlar de manera efectiva las fronteras, que exhiben un alto grado de porosidad. Estos elementos interactúan para constituir al país en una pieza clave en el trasiego de cocaína a las naciones vecinas, sea para abastecer a la demanda doméstica o para su reenvío a mercados de consumo en ultramar. Las modalidades de tráfico son múltiples y complejas, e involucran a organizaciones criminales exógenas que interactúan con grupos autóctonos.
Análisis
Desde que comenzó a elaborarse cocaína hace casi un siglo, Bolivia ocupa un lugar de preponderancia en materia de producción y tráfico ilícitos de ese estupefaciente. Junto a Perú y Colombia, la nación altiplánica completa la troika de productores de cocaína a partir del procesamiento de materia prima procedente, en este caso, no sólo de plantaciones locales, sino también de cultivos peruanos. Por otro lado, desde la perspectiva de una “geopolítica de las drogas”, de acuerdo al académico francés Alain Labrousse, constituye una pieza fundamental en las redes transnacionales de tráfico que llevan ese producto a mercados de consumo situados tanto en el continente como en ultramar, a partir de la conjunción de dos factores: por un lado, su posición geográfica; y, por otro, la porosidad de sus fronteras.
En este sentido, conviene recordar que Bolivia tiene una extensión fronteriza de 6.834 km lineales con Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile. En su mayor parte la frontera exhibe un alto grado de vulnerabilidad, con más de una treintena de puntos particularmente críticos por su empleo constante por parte de los flujos criminales transfronterizos, según admitió el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el marco de una reunión de países del Cono Sur sobre Seguridad de Fronteras, celebrada en Brasilia en noviembre de 2016. Esa notoria vulnerabilidad ha motivado al Poder Ejecutivo a utilizar las instituciones militares para atenuar la capitalización de la porosidad fronterizo por parte de organizaciones ilegales. Esas tareas de control, junto con el empleo en labores de erradicación manual, sintetizan el papel actual de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico.
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