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El proyecto de ley para reformar el sistema de educación mediante la desmunicipalización tiene algunas virtudes y serias limitantes, dice la autora de esta columna: al mismo tiempo que se constituye como la primera iniciativa real en los últimos 40 años para situar la educación pública como eje central, no se hace cargo del cómo esa “nueva educación pública” se va a relacionar con el resto del sistema. Además, sostiene que restringe los cambios sólo al modelo de administración, no termina con la lógica de financiamiento a la demanda ni aprovecha las oportunidades de la administración descentralizada para la construcción de una educación más democrática y pertinente territorialmente.
El debate sobre la desmunicipalización de la educación escolar abre una oportunidad que cuatro décadas de políticas subsidiarias han negado: convertir la educación pública en el eje central del sistema educativo.
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