que aspectos de la vida política argentina buscaba corregir la nueva ley electoral? lo necesito ahora ayudaaa
Respuestas
Respuesta: Durante el siglo XIX y hasta la llamada “Ley Sáenz Peña” las reformas políticas en la Argentina se centraron fundamentalmente en definiciones: quiénes eligen y quiénes pueden ser elegidos; quién está a cargo de elaborar el padrón electoral, y en qué forma se distribuyen los cargos en juego. Estas preguntas hoy suenan sencillas, pero su definición implicó marchas y contramarchas, y sobre todo, el enfrentamiento de cosmovisiones políticas antagónicas.
La ley Sáenz Peña de 1912 marcó un punto de inflexión. Allí se estableció el sistema de garantías del voto, que aún hoy tiene vigencia. Además, se extendieron los derechos políticos a la clase media convirtiéndola en sujeto político al universalizar el sufragio. Las leyes posteriores sancionadas a lo largo del siglo XX consolidaron el sistema de garantías de la ley Sáenz Peña y ampliaron los derechos políticos a colectivos sociales antes marginados de la vida política, tales como las mujeres (1947).
El año 1983 marcó el comienzo de una nueva etapa democrática. Las reformas ocurridas desde entonces avanzaron en la consolidación y democratización del sistema de elección de los representantes, el reconocimiento e intento de corrección de problemáticas propias de la actividad política y la ampliación del cuerpo electoral.
La inminente posibilidad (ya anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional) de una nueva reforma electoral representa una ventana de oportunidad para abrir el debate sobre temas que aún son problemáticos o aspectos que se pueden mejorar.
Ordenar y transparentar la oferta con la que elector se encuentra en el cuarto oscuro a través de reglas de verticalización de alianzas, es decir, que las alianzas sean congruentes entre el nivel nacional y provincial y dentro de las categorías nacionales; prohibición de apoyos múltiples (listas colectoras, espejos, acoples) y del sistema de lemas en el cual se dirime la interna y la elección general al mismo tiempo; redefinición de reglas de financiamiento y fortalecimiento de las instancias de control; establecimiento de fechas fijas para las elecciones, reemplazo del sistema actual por un instrumento oficial que garantice la provisión de la oferta y garantizar la autonomía y autarquía de la autoridad electoral son temas centrales que no deberían omitirse en la agenda de discusión sobre una eventual reforma, tal como sugiere el documento de CIPPEC “2016: año de reforma. Hacia umbrales mínimos de ciudadanía electoral”.