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Cientos de miles de personas salieron a la calle en noviembre y diciembre para mostrar su descontento por las posibles medidas de austeridad. El comité que las representaba entregó al presidente Duque una lista de 13 demandas, entre ellas que el gobierno cumpliera plenamente las obligaciones contraídas en virtud del acuerdo de paz y que hiciera más para impedir los homicidios de activistas sociales y exmiembros de las FARC-EP. Las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas. Dilan Cruz, de 18 años, murió por disparos de un policía durante una protesta en Bogotá.
La violencia provocada por el conflicto armado interno en curso y por las disputas sobre el control territorial tras la firma del acuerdo de paz de 2016 causó estragos. Las principales víctimas seguían siendo los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas y los defensores y defensoras de los derechos humanos. Continuaba la preocupación ante la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y las amenazas y homicidios que sufrían los defensores y defensoras de los derechos humanos. Persistía la violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual.
La ausencia de autoridades del Estado y su desatención hacia los territorios controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) dejaron un vacío de poder en zonas históricamente disputadas por varios grupos armados por sus recursos naturales o su ubicación estratégica. Esta situación exacerbó los problemas estructurales de desigualdad, exclusión y pobreza extrema que afectaban a la mayoría de la población campesina y a las comunidades afrodescendientes e indígenas, con distinto impacto en función del género. En este contexto, en 2019 los homicidios de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos alcanzaron niveles
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