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Recientemente el Congreso de la República de Colombia en unión con el Gobierno y Altos Magistrados o en otras palabras, de consuno con los poderes públicos, esto es, todos como uno, inobservando el principio de independencia de las ramas del poder, so pretexto de una colaboración armónica, aprobó dos importantes reformas constitucionales: El marco general para la paz y la llamada refoma a la Justicia. Estas reformas han causado en la opinión pública en general, así como en la comunidad académica y científica, una serie de sinsabores, no solo por la forma, sino por su alcance, que constituyen la constitucionalización de un conjunto de prebendas y beneficios para unos pocos, con lo que se desvirtúan las características de la norma jurídica según las cuales esta debe ser general, impersonal y abstracta y dichas reformas tienen nombre propio.
La producción de una norma jurídica y más, aún, constitucional, no es sólo el producto del consenso del poder legislativo, aunque actúe de consuno con otros poderes públicos. No. Las normas jurídicas de cualesquiera rango, en un contexto neoconstitucional que es el adoptado por Colombia con la Constitución de 1991, requieren tres elementos: legitimidad, validez y eficacia, y juristas como el Alemán Robert Alexy, con claridad han señalado que la validez del derecho requiere una validez moral, una validez jurídica y una validez social, y sin estos requisitos, una norma jurídica no podrá tenerse por válida, ni por justa.
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