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Como ya se dijo, la guerra puso fin a la "feliz experiencia" que había logrado reconstruir la prosperidad económica de la provincia de Buenos Aires mediante la expansión de su comercio externo, anulando los esfuerzos alcanzados luego de 1820 en la eliminación del predominio militar tanto en materia de gastos como en la vida política del Estado, que había sido el rasgo saliente de la etapa 1810-1820. Con la guerra desatada en diciembre de 1825 retornaron los veteranos del anterior ciclo guerrero de la independencia y aumentaron los gastos militares tanto en ejército como en marina. Por ejemplo, en el frente marítimo no se escatimaron esfuerzos materiales, pues para levantar el bloqueo impuesto por la escuadra brasileña había que revertir el descuido del arma naval: con este objetivo se destinaron cuatro millones y medio de pesos, de los cuales cerca de la mitad se empleó en la compra de buques (1).
Asimismo, a partir de diciembre de 1825 creció el gasto público porque la guerra no interrumpió la organización del Estado central sobre las líneas del modelo introducido en la provincia de Buenos Aires desde 1821. El 6 de febrero de 1826 el Congreso creó la magistratura presidencial para una república aún inexistente; el 7 de marzo del mismo año colocó a toda la provincia de Buenos Aires bajo la autoridad directa del presidente Rivadavia. Estas medidas eran ejemplos de una política que en realidad buscaba la guerra con el Brasil como herramienta para la consolidación acelerada del nuevo gobierno central (2).
Pero paradójicamente, y como había ocurrido también en la anterior experiencia de la primera década revolucionaria, la guerra imponía opciones que hacían cada vez más difícil la consolidación del Estado. Como señala acertadamente Halperín Donghi, el fracaso en la construcción de un Estado centralizado aprovechando la situación de guerra se debía a que esta crisis bélica exigía decisiones prioritarias sobre la base de recursos limitados:
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