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Respuesta:
Los pueblos indígenas en el Perú, históricamente, han vivido excluidos de la Política
Nacional de Estado. Siempre han existido dificultades estatales para lograr entender las
necesidades y derechos de los pueblos originarios y la atención de sus propias
prioridades de acuerdo a su cultura y cosmovisión.
Actualmente, los pueblos indígenas afrontan una serie de problemas que afectan su
bienestar y desarrollo integral. No obstante, a que en los territorios de los pueblos
indígenas se desarrollan la mayoría de las actividades mineras e hidrocarburíferas,
dichos pueblos viven en una situación donde se presentan niveles de pobreza extrema,
existe un limitado desarrollo local, presentan condiciones de Salud altamente precarias,
con un alto índice de desnutrición, alta mortalidad y contaminación ambiental en sus
territorios. No cuentan con un Sistema Educativo adecuado a sus condiciones culturales,
geográficas, sociales, y lingüísticas. A la ausencia de Representación política en las
decisiones del Estado, se suma el hecho de que no cuenta con políticas públicas
coherentes dirigidas a su bienestar y a la dificultad de aplicar sus instituciones propias en
sus territorios, como por ejemplo la aplicación de la Justicia indígena, debiendo ser
considerados como actores para el desarrollo.
Todos estos hechos, han convertido a los pueblos indígenas en víctimas permanentes
de los conflictos socioambientales, que a su vez, han colocado a sus lideres y
representantes en una situación de marginalidad ante las leyes penales, que han
criminalizado la protesta social, reduciendo su derecho a protestar, situación que ha
conllevado a conflictos consumados, como el de Bagua, que al mismo tiempo
potencializa otros que pueden venir.
Una herramienta fundamental para la búsqueda de soluciones a problemas sociales,
es, sin duda alguna, el diálogo. Esta herramienta fue utilizada, en algunos momentos, en
el primer gobierno del presidente García Pérez, mediante foros de encuentro entre el
Estado y la población –especialmente rural-, a la cual se denominó el Rimanacuy1
.
El primer Rimanacuy en 1986, fue un espacio donde el Estado y representantes de
todas las comunidades campesinas y nativas del país discutieron y debatieron por
primera vez de manera directa, diferentes temas que los relacionaba con el Estado o los
distanciaba de éste. La importancia del Rimanacuy consiste en que se convirtió en un
espacio de encuentro y relacionamiento entre la autoridad mayor “Estado”, “Gobierno
Central” –hoy gobierno nacional-, representado por el Presidente de la República, quien
participó en las plenarias de las comisiones de trabajo, y en donde la población indígena
Explicación:
Respuesta:
Ginebra, 5 de junio.- Escuchar a Jaime Wentxuyan Kayul, vocero de la comunidad mapuche autónoma de Temucuicui, ubicada en las cercanías de Temuco, lleva de manera inevitable a pensar en el colonialismo. No en el de los siglos pasados, sino en uno actual, vivo, en el cual reside la esencia de la denominada “problemática mapuche”.
El líder mapuche se encuentra actualmente en una gira por varios países de Europa para dar a conocer la situación de las comunidades indígenas en Chile. Durante su paso por Ginebra, tuvimos la ocasión de entrevistarlo en torno a las principales problemáticas que afrontan, así como las demandas que plantean ante mecanismos internacionales de derechos humanos.
La disputa por el territorio
Para las comunidades indígenas asentadas en la región de La Araucanía, la ecuación es simple: retomar las tierras que les fueron arrebatadas cuando el Estado de Chile, por los años 1860, decidió de forma unilateral desconocer los tratados que habían sido firmados, primero entre los indígenas mapuches y la corona española, y luego con la joven Chile -independizada oficialmente en 1818-, en los que se reconocía la existencia de la nación mapuche, sus territorios y su autonomía.
De acuerdo con Wentxuyan, a partir de ese momento se inició una política: la de invadir las tierras que eran de la nación indígena, declararlas como territorios fiscales y cedérselas a colonos venidos principalmente de Europa. Aparte de ver minado su territorio, que según el vocero se redujo hasta el 5% del tamaño de las tierras que habitaban, los mapuches fueron prácticamente exterminados a través de la guerra: “fue una invasión militar con guerra de exterminio contra nuestro pueblo”, afirma el líder indígena.
El incumplimiento y la inobservancia de estos tratados es uno de los argumentos de las comunidades mapuches para presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, encargada de dirimir diferencias entre Estados. “Los instrumentos internacionales reconocen que estos tratados tienen validez, están vigentes y el pueblo mapuche quiere presentar esta denuncia” para obligar al Estado de Chile a cumplir con esos convenios.
“Fue una invasión militar con guerra de exterminio contra nuestro pueblo”, Jaime Wentxuyan
“Fue una invasión militar con guerra de exterminio contra nuestro pueblo”, Jaime Wentxuyan
Para dar ese paso, Wentxuyan explica que quieren crear su propio gobierno. “Se nos hace importante lograr representatividad ante esa Corte que atiende litigios entre Estados… creemos que dentro del derecho a la autodeterminación que nos asiste, se reconoce el derecho al autogobierno y a través de esta figura podemos presentar la demanda”, añade.
Para el Estado de Chile, la fórmula es diferente: la ocupación y la retoma de tierras por parte de comunitarios mapuches es un delito y debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. “Con los mapuches las leyes son drásticas”, afirma Wentxuyan, quien explica que este trato hacia las comunidades es fomentado por actores privados a favor de sus intereses y beneficios.
“Los sectores que tienen usurpados los territorios, como las empresas madereras, los consorcios de agricultores, la cámara de comercio y de hotelería, entre otros, han generado presión hacia las instituciones del Estado, como los ministerios y el poder legislativo… sus demandas son atendidas y escuchadas por instancias del gobierno, y la respuesta de éste es enviar mucho más personal represivo a la zona”, donde las comunidades están asentadas o pretenden hacerlo.
JaimeHuenchullan_entrevista
“Ha aumentado la presencia policial, con más facultad, mandatada por el gobierno para amedrentar, reprimir y detener a dirigentes de comunidades que exigen devolución de tierras”, sentencia el vocero mapuche, quien explica que a raíz de esta situación se ha desatado una política de criminalización contra quienes se oponen a la expansión de los territorios a manos de empresas, o contra quienes se resisten a abandonar sus tierras frente a la presión de intereses privados.
Wentxuyan calcula que actualmente hay alrededor de 30 comuneros mapuches presos por delitos como atentados a la propiedad privada, contra bienes o contra la policía, aunque asegura que en la última década más de 300 mapuches han sido acusados o condenados; él mismo se incluye en ese número de “presos políticos” como ellos los denominan, puesto que en reiteradas ocasiones ha caído en prisión o ha sido detenido por periodos cortos, marcados por episodios de agresiones y tortura física y psicológica.
Débiles elementos probatorios versus pruebas científicas
Una de las denuncias que Jaime Wentxuyan ha expuesto en su gira por más de 5 países europeos, incluida su visita a Ginebra durante la cual tuvo lugar este diálogo, es la obtención de pruebas científicas por métodos de tortura para justificar sentencias contra líderes mapuches.
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