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En Atenas se le consultaba periódicamente al pueblo, reunido en la Ekklesia o asamblea de los ciudadanos, su voluntad de que se practicara el ostrakismos. Si votaban afirmativamente, cada uno procedía a inscribir en la concha de una ostra el nombre de la persona que consideraba necesario aplicarle un destierro de diez años. En una ocasión, un ciudadano analfabeto le rogó a su vecino que inscribiese en su ostrakon el nombre de Arístides. Como este resultó ser el mismo Arístides, éste le preguntó qué agravio le había causado y la respuesta fue: "Ninguno, yo ni siquiera lo conozco. Pero estoy fastidiado de escuchar que todos le llaman el justo".
Aquel mecanismo constitucional no implicaba la confiscación de bienes ni deshonra alguna. Tampoco tenía la intención de castigar, sino de actuar como una medida preventiva de seguridad, destinada a proteger a la incipiente democracia de las ambiciones peligrosas de ciudadanos demasiado influyentes e impedir la dictadura. Debía servir para que los ególatras y los megalómanos demasiado ambiciosos se comportaran con moderación y como un procedimiento expedito contra aquellos de quienes se sospechara que tramaban alguna conjura.
Ostracismo nacional. Pero se convirtió en una institución abusiva, torpe y opresiva, aplicada para desterrar a quienes se negaban a adoptar medidas populares o para que los mediocres saciaran su envidia y segaran las espigas más altas cuando sobresalían por su talento, fama u oratoria, como fue el caso de Arístides. La padecieron Clístener, quien fue su progenitor, Hiparcos, Megacles, Temístocles, Cimón y Damón, el maestro de Pericles. También lo sufrió Hipérbolo, quien había solicitado el ostracismo contra Nicias y Acibíades, sin lograrlo. Al cabo de noventa años de vigencia, cayó en desuso al no producir los resultados apetecidos, por lo que reflexionó el pueblo y considerándolo desacreditado, lo abolió para siempre.
El impedimento a la reelección en nuestra propia constitución, obedece a motivos similares y actúa en forma semejante al ostracismo, al desterrar del poder a quienes lo han ejercido y al pagar justos por pecadores. Parece absurdo, discriminatorio y extemporáneo, además, si se toma en consideración la madurez democrática de nuestro país. Es justo y positivo, así mismo, que un gobierno se prolongue si el pueblo lo juzga excelente, en una época compleja en la que un mandato de cuatro años suele ser demasiado corto para la labor de un buen estadista.
En ese sentido, el sistema parlamentario resulta ser superior al régimen presidencialista, ya que está exento de graves aberraciones y tiene importantes ventajas. Una de ellas consiste en que si un gobierno es considerado positivo y beneficioso, se perpetúa durante largo tiempo, disfrutando de una saludable, merecida y respetable longevidad. Tal fue el caso de Walpole, quien ejerció el poder durante veinte años en Inglaterra, el de Kohl por dieciséis años en Alemania o el de algunos estadistas que gobernaron durante más de una década, como Adenauer, Felipe González o la Dama de Hierro.
La segunda ventaja del régimen parlamentario consiste en que si un gobernante demuestra incapacidad e ineptitud de gobernar, es destituirlo por el poder legislativo, mediante la aplicación del voto de censura o de la moción de confianza, sin soportar que perdure, provocando daños y estragos en forma prolongada. La tercera gran ventaja consiste en que los candidatos suelen ser los jefes de los partidos que han demostrado ser los mejores a lo largo de una larga carrera ministerial y parlamentaria. Es decir, que no son los demagogos ni los mediocres, sino los políticos más experimentados, los que suelen conquistar el poder.
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