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La actividad criminal contemporánea no es ajena a la globalización y la tecnología. Como en el resto del mundo, eso debería obligar al Gobierno de cada país a mirar qué pasa en el entorno y establecer preventivamente un nivel de coordinación fluido con las fuerzas de seguridad de los Estados vecinos; una coordinación capaz de dar respuestas en tiempo real, como sucede en buena parte de Europa (entre ellos y con sus aliados).
Latinoamérica es campo atractivo de inversión no solo para las empresas legítimas; los altos niveles de corrupción hemisférica, alimentados en gran medida por la inyección de dinero ilegal proveniente del narcotráfico, la hacen también atractiva para la delincuencia organizada, que no conoce fronteras. En abril de este año, repitiendo el ataque de marzo del 2016 a la empresa Protege —en la ciudad de Campinas (Brasil)—, por el Primer Comando Capital (organización criminal brasileña de estructura militarizada con más de 6,000 miembros, muchos de ellos experimentados miembros de las fuerzas especiales), atacaron por varias horas la base de Prosegur en Ciudad del Este (Paraguay). Aparentemente la misma banda ha asaltado camiones blindados en Paraguay y Bolivia. No es posible aún descartar su participación en un asalto a una empresa de valores en Chile.
Por otro lado, hay serios indicios de que los frentes 48 y 63 de las FARC operan dragas de minería ilegal en el río Putumayo y hasta cinco campamentos de las FARC, y por lo menos uno de paramilitares colombianos dedicados a la cocaína en territorio peruano. No es difícil pensar que, como lo advertí en este medio, tras el acuerdo de paz, el intercambio de armas largas va a ser muy activo en esa zona de frontera, así como la migración de combatientes experimentados. Solo es cuestión de tiempo para que su presencia en la más poblada selva central se haga notoriamente evidente. No podemos esperar sentados, no es momento de recurrir al limeñísimo “no va a pasar nada” ni arroparse con cuadros de cifras amigables. Es necesario tomar conciencia del problema y empezar a monitorearlo y combatirlo antes de que crezca. En el pasado por lo menos dos gobiernos ordenaron la actuación militar inmediata contra campamentos de las FARC en territorio peruano. No hacerlo solo arroja sospechas de temor o corrupción.
Hablando de corrupción, el recuento histórico de Alfonso Quiroz se remonta a las raíces virreinales de e4ste mal. El fallido ama sua, ama llulla, ama quella nos remonta aún más atrás en la historia, pero el “siempre ha sido así” no es justificación para no enfrentarla. Está aún fresco en Cali el olor a la sangre derramada cuando la corrupción dejó de ser suficiente y la violencia criminal explotó. ¿Vamos a esperar sentados?
A propósito del limeñísimo “siempre ha sido así”, la orden de inamovilidad nacional que cual jefe de cuartel ha decretado alegremente la dirección del INEI, constituye un atropello inadmisible al Derecho Constitucional al libre tránsito. Nadie discute la importancia de un censo, pero el costoso y arcaico método elegido no solo deja mal olor, sino que pretende atropellar derechos fundamentales, al más puro estilo del nefasto velascato.
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