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Santander informaba sobre la absoluta precariedad de la hacienda nacional que impedía cumplir con las necesidades más básicas del Estado; los préstamos internos, otorgados por la influyente clase mercantil, habían alcanzado ya niveles exacerbados sin pago alguno de capital o intereses por parte del Gobierno. En esas condiciones, el estamento político se resolvió por un nuevo empréstito extranjero que fue autorizado por el Congreso en julio de 1823.
Para negociar el empréstito, fueron designados Manuel Antonio Arrubla y Francisco Montoya, importantes hombres de negocios antioqueños, quienes venían financiando regularmente al Gobierno con préstamos de corto plazo. Estos agentes actuarían bajo la dirección de Manuel José Hurtado, Senador y hombre de negocios de Bogotá, quien sustituyó a Revenga como comisionado de Colombia en Londres. Hurtado había resuelto, al menos temporalmente, las complicaciones del empréstito de 1822 y, además, los mercados financieros londinenses presentaban aún condiciones favorables para un nuevo préstamo que permitiera atender las urgencias fiscales.
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