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La privatización de la educación ha generado uno de los debates más controvertidos y apasionados de las últimas décadas en el ámbito de la política educativa. Los defensores de las políticas de privatización educativa sostienen que éstas permitirían ampliar la libertad de elección escolar de las familias, tornar más eficientes y diversos los sistemas educativos, e incluso incrementar los niveles de acceso a la educación. Generar alianzas con el sector privado puede ser también una forma eficiente de ampliar la cobertura educativa cuando los recursos son escasos.
Los defensores de la privatización educativa a menudo argumentan que el rendimiento educativo del alumnado es superior en el sector privado. No obstante, estos resultados se tienden a neutralizar cuando la comparación considera el estatus socioeconómico del alumnado o la duración de la jornada lectiva.
Adicionalmente, la privatización tiende a afectar directamente las condiciones laborales del personal docente. Los centros de gestión privada, exceptuando los centros de élite, tienden a ser más eficientes económicamente principalmente porque las condiciones laborales y salariales del personal docente de estos centros son bastante más precarias que las del personal docente de centros públicos.
Finalmente, y en relación a cuestiones de eficiencia económica, la investigación existente sugiere que el menor coste de la gestión privada se puede ver neutralizado a nivel agregado por los costos adicionales que conlleva la implementación de costosos sistemas de control y monitoreo de proveedores privados.