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Resumen
Este trabajo plantea una primera reflexión sobre el proceso político que hizo en México posible la aprobación de la reforma al artículo 24 constitucional, sobre la libertad de cultos, en el Congreso de la Unión. El argumento a favor, basado en la defensa de la libertad religiosa como parte de un nuevo discurso de la modernidad y los derechos humanos, fue eficiente en dos sentidos: consolidó la idea de que el moderno Estado laico debe procurar nuevas condiciones para avanzar en el ejercicio de la libertad religiosa y dio sustento en los hechos a una alianza entre los sectores conservadores de las elites eclesiástica y política en un contexto de intercambio de apoyos electorales por mayores ventajas para la Iglesia católica.
Palabras clave: reforma constitucional, libertad religiosa, laicidad, alianzas, católicos conservadores.
Abstract
This work raises the first reflection on the political process that made possible in Mexico the approval of the reform to the 24th constitutional article, about the freedom of worships, in the Congress of the Union. The argument supporting the defense of the religious freedom as part of a new speech of modernity and human rights was efficient in two senses: it consolidated the idea that modern lay State must try new conditions to advance in the exercise of religious freedom, and gave sustenance in the facts to an alliance between the conservative sectors of ecclesiastic and political elite, in a context of electoral supports exchange for major advantages for the Catholic Church.
Keywords: constitutional reform, religious freedom, laicism, alliances, conservative catholics.
INTRODUCCIÓN
La aprobación de la iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional, relativo a la libertad de cultos, en el Congreso de la Unión en 2012 fue resultado de una larga lucha de los sectores conservadores del catolicismo mexicano durante el siglo pasado. El origen de esta movilización se remonta —en una perspectiva de largo alcance— al proceso de reforma liberal en la segunda mitad del siglo XIX y posteriormente a la consolidación del principio de laicidad que se estableció en la Constitución de 1917. Desde ese momento los sectores conservadores de la Iglesia católica y sus grupos de laicos impugnaron el artículo 24,1 en el que se garantizó la libertad de los individuos para ejercer su fe2 como expresión de su libertad religiosa, pero también se reafirmó la supremacía del Estado en la regulación de los actos de culto público.3
Este trabajo es una primera reflexión sobre la etapa más reciente de ese largo proceso, en la cual se conjuntaron elementos favorables al cambio constitucional. En los dos primeros apartados delineo algunos de los principales rasgos del contexto político y social que desde la última década del siglo XX configuraron el escenario propicio para impulsar la reforma del artículo 24, y en la tercera parte analizo las características de la movilización que reinició en 2011. La idea central es que la defensa de la libertad religiosa fue exitosa en esta última fase en el terreno argumentativo por ser parte de la reedición del discurso de la modernización, que lanzó un sector importante de la clase política,4 que en el terreno de lo religioso retomó el debate sobre las funciones del Estado social moderno en relación con los derechos humanos. Por otro lado, en los hechos, el progreso de la iniciativa debe verse como parte de una agenda de negociaciones implícitas y explícitas entre sectores específicos de las elites de los principales partidos nacionales, en el marco del proceso electoral de 2012, cuando se disputó la presidencia de la república.
La amplia expectativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de ganar las elecciones, después de dos erráticos gobiernos encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN), creó las condiciones favorables para que la Iglesia católica introdujera en el debate público una añeja demanda, pero ahora con amplias posibilidades de concretarse en el marco del intercambio de bienes políticos. Tras probar suerte con Acción Nacional durante dos sexenios sin tener éxito en la concreción de la reforma, la Iglesia católica volvió los ojos al PRI, su viejo aliado político, que le ayudaría a dar los últimos pasos para recuperar privilegios y avanzar en su regreso como actor político, en un contexto de pérdida paulatina de adeptos.