4. Con la finalización del apartheid que ocurre a nivel económico, social y político y qué medidas adoptó el nuevo gobierno.
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Respuesta:
La Revolución Libertadora
Perón fue depuesto alrededor del 20 de setiembre de 1955 por un levantamiento militar. El General Leonardi se hizo cargo del gobierno hasta noviembre de ese año, momento en el que lo reemplazó Aramburu en la Presidencia. A pesar de la diversidad ideológica de los miembros de la coalición civil-militar revolucionaria, los unía la idea de restaurar los principios políticos y económicos que regían antes de Perón y devolver a la Argentina a la senda de la que no debería haber salido.
Entre los objetivos de política económica de los protagonistas de la Revolución Libertadora estaban el aumento de las exportaciones y el fomento de la acumulación de capital, dos temas sobre los que el peronismo había trabajado sin éxito en el último tramo de su administración. Los principales lineamientos de política fueron esbozados por el asesor económico y financiero de la Presidencia, Raúl Prebisch, en un documento titulado “Informe preliminar acerca de la situación económica” (1).
Cabe señalar que el contexto internacional no fue favorable por esos años para el comercio exterior argentino, ya que los términos de intercambio cayeron notablemente: en 1957 los precios eran un 13% menores que los de 1953, 36% menores que en 1950 y 44% menores que en 1948 (2). Además, los países compradores de las exportaciones argentinas estaban aplicando prácticas restrictivas. En consecuencia, a pesar de la política devaluatoria aplicada, no se lograron los resultados esperados. Por el contrario, se registraron déficits en el balance de pagos entre 1955 y 1958, las reservas declinaron y se acumularon las deudas comerciales.
Respecto del régimen de intercambios con el exterior instaurado en este período, puede decirse que el gobierno revolucionario incorporó en su política económica una mayor apertura hacia la economía internacional. De acuerdo con las recomendaciones de Prebisch arriba mencionadas, se adoptaron medidas liberalizadoras que apuntaban a reducir el déficit fiscal, limitar los aumentos salariales y restaurar los mecanismos de precios para equilibrar el balance de pagos.
Asimismo, el programa propuesto incluía una estrategia de desarrollo agropecuario que fomentaba el aumento de la producción vía la incorporación de nuevas tecnologías y un fuerte estímulo a las inversiones en infraestructura (v.g., provisión de energía, transportes, etc.). En cuanto al sector industrial, se proponía el desarrollo de la industria siderúrgica y la expansión de las ya existentes en los sectores matalúrgico y mecánico. También se fijaba como objetivo la expansión de ciertas industrias básicas sustituidoras de importaciones, tales como papel y celulosa, química y petroquímica.
Estos planes sin duda requerían la concreción de importantes inversiones que aceleraran el desarrollo de los sectores mencionados. El plan preveía que las limitaciones domésticas en este plano fueran contrarrestadas con el ingreso de inversiones extranjeras. De todos modos, la mayoría de las propuestas de más largo plazo no llegaron a efectivizarse en medidas de política económica.
En lo inmediato, el gobierno estableció nuevas pautas cambiarias que permitieron la existencia de sólo dos tipos de cambio, uno libre y uno oficial. Se llevó a cabo una devaluación y se implementaron retenciones móviles a las divisas provenientes de las exportaciones de hasta un 25%, con lo cual el tipo de cambio efectivo para los productos primarios se incrementó un 40% para la carne y más de 200% en el caso de los cereales (3). Esporádicamente también se recurrió al régimen de aforos para establecer el precio al cual debían liquidarse las exportaciones, cada vez que se producía una caída en los precios internacionales de las mercancías a exportar.
Las importaciones de bienes esenciales se regían por el mercado oficial y siguieron estando sujetas al régimen de permisos de cambio. Este último sólo se flexibilizó en lo atinente a productos de suma necesidad, los cuales recibían un permiso automático. El resto de las importaciones se canalizaban por el mercado libre de cambios. Asimismo, cabe destacar que el gobierno estableció un recargo para las importaciones, administrado por el Banco Central, a modo de protección temporaria de la industria local. Y ante reiteradas situaciones críticas del balance de pagos, como sucedió en 1957, se establecieron estrictos controles a las importaciones a través del requerimiento de depósitos previos. Estos se fijaron en un principio para las importaciones que se regían por el mercado libre y más tarde pasaron a abarcar el conjunto total de las importaciones.
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