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En su informe «Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos» (A/59/2005) Documento PDF el Secretario General señaló que «si bien la libertad para vivir sin miseria y la libertad para vivir sin temor son fundamentales, no resultan suficientes. Todos los seres humanos tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto» (párr. 127). Las personas pueden tener esa dignidad y respeto mediante el disfrute de todos los derechos humanos y están protegidos mediante el estado de derecho.
La libertad para vivir con dignidad tiene su base en el marco internacional de derechos humanos, junto con el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados. Estos cimientos del marco normativo constituyen corpus jurídicos complementarios que comparten un objetivo común: la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas. El estado de derecho es el medio para la promoción y protección del marco normativo común. Proporciona una estructura a través de la cual el ejercicio del poder se somete a normas convenidas, garantizando la protección de todos los derechos humanos.
Como definió el Secretario General, el estado de derecho exige que los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas sean compatibles con las normas de derechos humanos, incluidos los principios básicos de igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley y equidad en la protección y reclamación de los derechos (S/2004/616 Documento PDF , para. 6). No puede existir estado de derecho en las sociedades si no se protegen los derechos humanos y viceversa; los derechos humanos no pueden protegerse en las sociedades sin un sólido estado de derecho. El estado de derecho es el mecanismo de aplicación de los derechos humanos, convirtiéndolos de un principio en una realidad.
El estado de derecho ha desempeñado una función integral en el arraigo de los derechos económicos, sociales y culturales en las constituciones, las leyes y los reglamentos nacionales. En los casos en que esos derechos son justiciables o su protección jurídica se asegura de otro modo, el estado de derecho proporciona medios de reparación cuando no se respeten esos derechos o se utilicen indebidamente recursos públicos.
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