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Los orígenes de la guerra se remontan a una larga disputa territorial entre Chile y Bolivia para definir sus fronteras en el Desierto de Atacama. Después de diversas negociaciones diplomáticas entre ambos países, se logró firmar dos tratados de límites en 1866 y 1874 que no pudieron establecer una relación armoniosa entre Chile y Bolivia. En 1878 el conflicto se agravó con la violación del Tratado de Límites de 1874, por parte de Bolivia, y la intervención de Perú en su apoyo, lo que desencadenó un conflicto bélico que los enfrentó con Chile a partir de febrero de 1879. Las operaciones militares se prolongaron por cuatro años y medio, involucrando la movilización de cuantiosos recursos humanos y materiales por parte de los tres países.
Una vez finalizada la guerra, los países involucrados incurrieron en diversas negociaciones diplomáticas para lograr acuerdos de paz con Chile. Tras ellos, nuestro país pudo incorporar nuevos territorios a la nación, comprendidos entre Arica y Antofagasta, los que dieron origen a las provincias de Tarapacá y Antofagasta. La riqueza salitrera de estos territorios permitió reactivar la economía nacional y comenzar un ciclo de expansión que se prolongaría hasta 1930. Dotado de enormes recursos provenientes del impuesto salitrero, el Estado comenzó un proceso de modernización del país, partiendo por la expansión de su infraestructura material y administrativa, lo que fue especialmente notorio en la ampliación de los ministerios y sus respectivos servicios. Junto a ello, se inició una amplia y sostenida política de obras públicas. Se invirtió en ferrocarriles y obras portuarias, y se expandió la educación pública con la construcción de cientos de colegios que elevaron significativamente la matrícula. El sector privado también se vio favorecido, pues se reactivó la agricultura al generarse un nuevo mercado interno, la incipiente industria y las alicaídas economías urbanas.
La guerra también produjo impacto en la vida política, al fortalecer a la Alianza Liberal gobernante. Ésta pudo implementar su agenda de democratización del sistema político y de laicización de las instituciones públicas, valiéndose de la unidad suscitada en torno al sentimiento nacional y patriótico que imperaba en todos los sectores sociales del país.
También tuvo un enorme influjo en el ámbito social, pues generó una sostenida migración de la población chilena a los nuevos territorios incorporados, cuya industria salitrera demandó gran cantidad de mano de obra. Esto facilitó la chilenización del espacio, pero, al mismo tiempo, propició el surgimiento de clases proletarizadas que sentaron las bases de movimientos sociales, políticos y reivindicatorios de derechos sociales y laborales, comúnmente vulnerados. Fue la raíz de la "cuestión social" de las tres primeras décadas del siglo XX.
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