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El último golpe de Estado sucedido en Argentina, el 24 de marzo de 1976, tuvo lugar en un contexto internacional caracterizado por varios procesos que, junto a otros de orden interno, permitieron la aplicación de una violencia de Estado sin precedentes para modificar el modelo económico y la estructura social vigentes. Washington se encontraba en dificultades, ya que acababa de salir de Vietnam, con el consiguiente desgaste generado por una década de intervención directa, a lo que se le sumó la propagación de guerrillas por el «Tercer Mundo», la crisis económica por la aparición de nuevos competidores y la primera crisis del petróleo. Estas medidas junto a la primera crisis del petróleo, en 1973, provocaron una crisis económica que promovió en aquellos años la inestabilidad política y social, acelerando el final del Estado de Bienestar, que con diversas variaciones, existía en los países de la región. Se debe tener presente que en América Latina, en donde se vivieron años de vulnerabilidad externa, desaceleración del crecimiento, limites de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones y políticas monetarias y fiscales nocivas, el Estado de Bienestar había jugado un importante rol como tomador central de decisiones en materia política, social y económica, y como agente cohesionador de la comunidad.
En ese marco, la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana aprobada dos décadas antes puede considerarse el punto de partida de los catalizadores que generaron el caldo de cultivo propicio para la toma de poder de las dictaduras en la década del ’70 en Bolivia , Chile y Uruguay , Argentina , y la continuación de las dictaduras ya instaladas en las década anteriores en Brasil y Paraguay . Cabe agregar que estos dos gobiernos de facto preexistentes evidenciaron a principios de la década un cambio en la doctrina, con el consiguiente incremento de la represión social, acorde con lo que por entonces comenzaba a suceder en el resto de la región. El apoyo de Estados Unidos a las dictaduras de la región puede rastrearse en el conocido Informe Rockefeller, entregado al presidente Nixon a finales de 1969, en donde se presentaba a los militares como una fuerza de cambio social, y donde se instó a mantener una relación «más pragmática», trabajando con los militares en vez de «criticarlos» o «abandonarlos», demandando el liberarse de los «estereotipos» en favor de los intereses hemisféricos. Las políticas económicas que se implementaron a partir de este proceso de militarización, resultaron en la introducción de medidas como desregulación, descentralización, liberalización y privatizaciones, entre otras, que iniciaron el desmantelamiento de los estados nacionales y de sus posiciones como articuladores del progreso y la inclusión social, en beneficio de sectores privilegiados, tanto nacionales como transnacionales.
En este punto es necesario hacer hincapié en la importancia que tuvo recurrir al terrorismo de Estado como medio para alcanzar el disciplinamiento social necesario que permitiera la aplicación de las doctrinas de Seguridad Nacional, enmarcadas en el Plan Cóndor, y llevadas a cabo por militares formados en la Escuela de las Américas y el National War College, y así lograr el sometimiento de los países y sus aparatos estatales a la fuerza supranacional del capitalismo financiero. Se produjo así el alineamiento regional de las dictaduras en torno a la represión política y social destinada a supresión de los sectores de izquierda, para poder impulsar un nuevo modelo económico centrado en garantizar beneficios crecientes a los sectores más conservadores y con mayores recursos materiales. Estas medidas terminaron provocando en la década siguiente la denominada «década perdida», cuando se produjeron cambios en los intereses en los pagos de las deudas contraídas.