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Se ha sugerido que con el auge de la Unión Europea, la noción europea continental tradicional del interés público -primordialmente política y expresada a través del Estado- ha tendido a ser reemplazada por la concepción anglosajona - denominada de “interés común” a fin de diferenciar - que es entendido como la conciliación de los intereses particulares -especialmente el aspecto económico de los mismos- expresados por los lobby.10
En efecto, para las doctrinas políticas utilitaristas -corrientes en los países influidos por concepciones anglosajonas- el bien o interés común es reducible a la maximizacion del bienestar económico individual de todos los miembros de un grupo, comunidad o país, lo que permite a cada individuo definir y perseguir su propia percepción de desarrollo o perfección a partir de ese bienestar económico.
Así por ejemplo, el Libro Verde sobre "Los Servicios de Interés General" presentado por la Comisión Europea en mayo del 2002 busca definir la noción de interés general europeo como "la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y la preservación de bienes públicos, cuando el mercado falla".11
Además, en esa visión las diferentes ramas de la administración pública no poseen el monopolio de actuar en representación del público, en la medida que asociaciones no estatales -ya sea ONG u otras fundaciones- (en adición o como parte de los ya mencionados lobbies) mantienen su derecho a agitar o intervenir en decisiones o acciones en defensa de principios o fines o incluso bienes de propiedad pública. (la libertad, eliminación de discriminación, naturaleza o medio ambiente, etc)
De acuerdo al Consejo de Estado de Francia: "Este desarrollo es particularmente notable al nivel de la Unión Europea. El Tratado de Roma impone la aplicación estricta de reglas comunitarias de competencia a todos los actores económicos e incluye los servicios de interés general".12