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Es cierto que en varias ocasiones ha habido propuestas de hacer una reforma agraria. Figuraban ya en los programas del Partido Liberal que se elaboraban a principios del siglo XX, y que no se llevaron jamás a la práctica. Para darles tierras a los campesinos -y no para quitárselas- se dictó la Ley 200 del año 36. Pero nunca fue aplicada, y por añadidura la Ley 100 del año 44 la congeló hasta el 56: exactamente el lapso durante el cual imperó en los campos colombianos la llamada Violencia: que consistió en tratar a bala el problema agrario (entre otros): 200.000 muertos, medio millón de parcelas expoliadas, dos millones de campesinos desplazados. Y a partir de entonces la política agraria de los gobiernos colombianos ha seguido al pie de la letra las recomendaciones de la misión encabezada por el economista norteamericano Lauchlin Currie, según el cual el problema del campo consiste en que sobra gente, y, para resolverlos, se necesita un "programa de choque". Ese programa de choque ha sido, en la práctica, el guión de la guerra que desde entonces vive el campo (y, de rebote, las ciudades).