Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. ¿Como se violento este derecho en la argentina de 1976?
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Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 a partir de un golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional de la presidente María Estela Martínez de Perón, e instaló en su lugar una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas (integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti). Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Esta etapa, a la que suele referirse simplemente como “el Proceso”, es considerada “la dictadura más sangrienta de la historia argentina”. Se caracterizó por el terrorismo de estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso. En este marco, los derechos individuales se ven claramente afectados por la actividad estatal, que consagra durante la etapa constitucional, la impunidad para los responsables de los distintos delitos contra las personas desaparecidas durante la etapa del “terrorismo de Estado”. Esta situación, la de que aquellos que cometen violaciones a los derechos humanos no sean sometidos a la Justicia, vulnera el principio de "igualdad ante la ley" y se convierte en una lamentable afirmación: "las personas no son iguales ante la ley". La falta de una sanción genera la convicción en los cuadros represivos de que pueden hacer valer el exterminio de las personas como medio para resolver un conflicto entre el Estado y la sociedad civil o entre un civil y un agente de las Fuerzas del Estado. Durante esta dictadura, se invierten los valores que sostienen la relación Estado-sociedad civil, cuando el Estado de Derecho tiende a sancionar los delitos contra la propiedad y a amnistiar y/o indultar los delitos contra la vida. La preservación del ser humano pierde un espacio irrecuperable frente a la preservación de los bienes materiales.