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Consistía en la "Defensa de la Democracia”. Esta ley permitirá al Gobierno acusar de comunista a cualquiera que se le opusiera. Al mismo tiempo, instituyó la obligatoriedad de la delación. Todo funcionario estaba forzado por esa ley a denunciar a su prójimo ante la menor sospecha de que fuera comunista. Si no, él mismo podría ser acusado de connivencia con el sospechoso.
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