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Explicación:
Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005 dentro de la Legislación de Colombia es un marco jurídico promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobada por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. Esta Ley cobija a los líderes de grupos armados, tanto paramilitares como guerrilleros, que puedan ser culpables de delitos graves y de lesa humanidad contemplados sancionados por el Derecho Internacional Humanitario. Mientras que los soldados de estos grupos que no sean culpables de estos delitos podían acogerse a la Ley 728 de 2002 de des movilización.
Respuesta:
Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005 dentro de la Legislación de Colombia es un marco jurídico promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobada por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. Esta Ley cobija a los líderes de grupos armados, tanto paramilitares como guerrilleros, que puedan ser culpables de delitos graves y de lesa humanidad contemplados sancionados por el Derecho Internacional Humanitario. Mientras que los soldados de estos grupos que no sean culpables de estos delitos podían acogerse a la Ley 728 de 2002 de desmovilización.
En 2003 las Autodefensas Unidas de Colombia firman con el gobierno el Acuerdo de Ralito, tras lo cual 18 mil miembros de esa organización armada y sus comandantes cesan operaciones. En 2003, el gobierno presentó entonces un proyecto de ley conocido como alternatividad penal que beneficiaba a los armados que se desmovilizaban, pero dicha ley tuvo que ser retirada debido a la presión nacional e internacional porque no contemplaba ni la confesión de crímenes ni la reparación a víctimas.[1]
En el 2005, luego de un debate de dos años en el Congreso, se aprueba la Ley de Justicia y Paz, tras lo cual se desmovilizan otros 30.000 tropas pertenecientes a 38 grupos paramilitares.
El 13 de mayo de 2008 algunos de los comandantes de las AUC desmovilizados fueron extraditados a los Estados Unidos para responder en tribunales de ese país por cargos de narcotráfico. La decisión del gobierno de permitir su extradición se basaba en el argumento de que estos seguían delinquiendo desde las cárceles.
A principios de 2009, el número de desmovilizados llegó a cerca de 50.000, unos 32.500 de las autodefensas, 15.000 de las FARC y 2500.