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28 de enero de 1823.
Corrían vientos revolucionarios en la joven república. Tanto en el norte como en el sur se estaban soliviantando los ánimos y surgiendo diferentes caudillos dispuestos a derrocar al gobierno. Una guerra civil era inminente. O’Higgins seguramente recibía estas noticias con templanza y una buena dosis de dolor y desconcierto. Si bien parecía haber tomado la decisión de abdicar el poder ya hacía unos días, se reservaba hacer público tal acto tanto por temor a provocar aún más los ánimos y en el afán de dejar el gobierno más o menos ordenado.
La sociedad en general estaba agitada. Las reformas emprendidas por el Director Supremo, el autoritarismo y la pérdida de privilegios tenían a los ciudadanos muy disconformes. Además, aquellos jóvenes que habían crecido junto a la lucha por la independencia de nuestro país, se mostraban en extremo impacientes por ver aquellas medidas que debieron haberse concretado de manera natural con el cambio de régimen y exigían cambios inmediatos en el manejo del nuevo Estado.
No hay que dejarse engañar, O’Higgins era respetado por la élite y los ciudadanos, pero su permanencia en el poder suponía un peligro para la tranquilidad. En palabras de Barros Arana “estimaban personalmente a O’Higgins, reconocían la importancia de sus servicios, respetaban las cualidades de su patriotismo y de su carácter, y sin aprobar todos los actos de su gobierno, y aún condenando el excesivo autoritarismo de éste, habían llegado a convencerse de que su permanencia en el mando envolvía los mayores peligros para la tranquilidad pública y para el bienestar y seguridad de la patria.”[1] Una guerra civil era una amenaza demasiado real, considerando el estado de las cosas, y la única salida parecía ser la renuncia del Director Supremo.