¿Como es el poder actual en nuestro país?

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Política de Ecuador

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Estado ecuatoriano

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Estructura política del Estado ecuatoriano según la Constitución de 2008

Función Ejecutiva

Función Legislativa

Función Judicial

Función Electoral

Función de Transparencia y Control Social

Órganos autónomos:

Corte Constitucional

Procuraduría General del Estado

La política de Ecuador está definida por la actual constitución vigente del país. Oficialmente denominada como «República del Ecuador», se define como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Su forma de gobierno corresponde al de república presidencialista y se administra de manera descentralizada.

El poder del Estado ecuatoriano —id est la estructura política de la república— se encuentra dividido en cinco funciones (poderes) entre los que se encuentran los tres tradicionales: la función ejecutiva, la legislativa y la judicial; y en adición: la función electoral y la de transparencia y control social. Todos los órganos e instituciones del Estado se encuentran incorporadas a una de las funciones; sin embargo, el máximo órgano de control constitucional, la Corte Constitucional, no pertenece a ninguna función y se mantiene autónoma.

El presidente de la República es a su vez jefe de Estado y de gobierno, ejerciendo la función ejecutiva en conjunto con los ministerios, secretarias, agencias y demás instituciones. La facultad de crear leyes (legislar) y fiscalizar a las demás funciones corresponde a la Asamblea Nacional, en donde se reúnen los representantes (asambleístas) de los ciudadanos. La jurisdicción (facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado) recae sobre los jueces de la Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales y demás juzgados de primera instancia. Las elecciones son organizadas por el Consejo Nacional Electoral y las distintas controversias surgidas por estos temas son resueltas por el Tribunal Contencioso Electoral. La transparencia y control social es asumida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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