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La vigilancia masiva es ilegal según las leyes internacionales de derechos humanos. Por tanto, los países deben trasladarlo a sus legislaciones para que se garanticen nuestros derechos y que solo un juez pueda autorizar que se intervengan nuestras comunicaciones.
En nombre de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo, los políticos nos dicen que necesitan más poderes para investigar y prevenir atentados. Esta vigilancia indiscriminada simplemente nos convierte a todos en presuntos delincuentes y a nuestras actividades en sospechosas, pero no existen pruebas de que la vigilancia masiva sea realmente efectiva.
"Si no he hecho nada malo, no tengo nada que ocultar."
Hay personas que dicen: "si no has hecho nada malo, no tienes nada que ocultar". Sin embargo, la pregunta debería ser: "si no he hecho nada malo, ¿por qué se está violando mi intimidad?". Con la excusa de la seguridad, se podrían utilizar esos datos privados para atacar a periodistas, perseguir a activistas, crear perfiles para discriminar a minorías y acabar con la libertad de expresión.
“Quienes están mirando estos datos están buscando criminales. Tú podrías ser la persona más inocente del mundo, pero si alguien programado para buscar patrones de criminalidad mira tus datos, no van a encontrarte a ti, van a encontrar a un criminal”. Edward Snowden.
Un dilema falso
Nuestros gobiernos nos enfrentan a un dilema falso: seguridad o libertad. En un estado de derecho, donde las leyes equilibran ambos conceptos, las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario y tienen derecho a que se respete su vida privada. Por tanto, antes de violar estos derechos, los gobiernos tienen que tener indicios de que se está cometiendo un delito. No pueden buscar pruebas aleatoriamente en nuestras comunicaciones privadas antes de que se cometa ese delito.