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En el mundo actual, el racismo y la discriminación racial se manifiestan en formas complejas y perturbadoras. En el caso de Europa, estas cuestiones se están convirtiendo cada vez más en elemento esencial de algunos problemas políticos y sociales. Los Estados miembros del Consejo de Europa1 vienen tomando desde hace varios años medidas firmes y sostenidas para luchar contra esta tendencia y hacer frente a las persistentes expresiones de racismo y xenofobia.
Imposible hacer un inventario exhaustivo y enumerar todos los problemas observados; nos limitaremos, pues, a decir que, en general el racismo y la discriminación se manifiestan en todos los aspectos principales de la vida cotidiana, como el empleo, la educación, la vivienda y el acceso a los servicios sociales; en las violaciones de los derechos humanos contra miembros de las comunidades romaníes; en aptitudes hostiles contra los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo y la estigmatización de esos grupos; en la creciente frecuencia de los incidentes antisemitas; en la intensificación de las expresiones de islamofobia; en el uso de argumentos racistas, antisemitas y xenófobos en el discurso político; y en un clima negativo en el seno de la opinión pública, que desempeña un papel crucial en la aparición de expresiones de racismo e intolerancia dentro de la sociedad. Estas tendencias, por supuesto, varían en escala de un país a otro, pero son suficientemente significativas como para suscitar preocupación.
Para hacer frente a la situación, los países europeos han concebido respuestas en el plano nacional y europeo. La característica principal de las medidas adoptadas por los Estados miembros del Consejo de Europa en los últimos años es que las cuestiones relacionadas con la lucha contra el racismo y la discriminación racial se aborden desde la perspectiva de la protección y promoción de los derechos humanos: en otras palabras, el derecho a la protección contra el racismo y la discriminación racial se considera, en primer lugar, un derecho fundamental de todos los seres humanos.
A la hora de elaborar soluciones duraderas, prácticas y viables para luchar contra el racismo y la discriminación racial, las opciones pueden diferir de un país a otro. Todas las estrategias deben por lo menos incluir medidas en materia de legislación, concienciación, educación, acción positiva y participación. Las leyes por sí solas no son suficientes para luchar contra el racismo y la discriminación racial, pero obviamente son la piedra angular de esa lucha. En Europa, los mayores adelantos de los últimos años se hicieron en el ámbito legal. Muchos Estados miembros han iniciado reformas para complementar sus leyes nacionales de lucha contra la discriminación racial. Desde el punto de vista de las víctimas, este es un paso positivo, dado que la existencia de medidas legales y apropiadas para luchar contra la discriminación racial en forma efectiva, disuasiva y del modo más satisfactorio posible tiene una importancia fundamental. Pero que esa legislación exista no significa necesariamente que se logre garantizar la igualdad de derechos para todos los que viven en esa sociedad. No basta con tipificar como delito la discriminación; debemos también combatirla garantizando que las disposiciones previstas se apliquen realmente y se pongan en práctica. Lo mismo puede decirse de las disposiciones del derecho penal que prohíben los actos racistas.