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Derechos de las mujeres
El aborto seguía estando prohibido en todas las circunstancias y acarreaba sanciones penales para las mujeres. Esta prohibición afectaba de manera desproporcionada a las mujeres de entornos desfavorecidos. En agosto, Evelyn Beatriz Hernández Cruz, condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado tras sufrir complicaciones obstétricas, fue declarada inocente en un nuevo juicio. Sin embargo, la Fiscalía de El Salvador anunció que iba a recurrir su absolución.[4]
En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana el caso de Manuela, una mujer condenada por homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo y que murió de cáncer en prisión mientras cumplía condena.
Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos
Durante el año, algunas ONG locales denunciaron la ausencia de un registro oficial de violaciones de derechos humanos cometidas contra defensores y defensoras de esos derechos, y denunciaron también que la Asamblea Legislativa no había aprobado los proyectos de la Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos y la Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras Relacionadas a la Información, ambos presentados ante la Asamblea en 2018. En agosto, el Foro para la Protección de Periodistas denunció restricciones a la libertad de prensa y limitaciones en el acceso a información oficial.
En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a las autoridades del Estado que evitaran estigmatizar y desacreditar a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos y garantizaran que las declaraciones de las autoridades públicas fueran respetuosas con la labor de estas personas.
Personas migrantes, refugiadas e internamente desplazadas
Muchas de las personas que dejaban sus comunidades o el país huían de los efectos del control territorial ejercido por bandas delictivas y del impacto que éste tenía en su derecho a la vida, la integridad física y la libertad de circulación en muchas zonas del país. En ese contexto, en septiembre, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Cooperación de Asilo, también conocido como acuerdo de “tercer país seguro” que suscitaba la preocupación bien fundada de cómo un país con elevados índices de delincuencia y violencia iba a garantizar la protección de las personas que se vieran obligadas a pedir asilo o protección internacional en él.
Tras su visita in loco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que las autoridades rechazaran medidas, políticas o acuerdos que designaran a El Salvador como tercer país seguro, y que adoptaran programas integrales y medidas específicas dirigidas a garantizar los derechos de las personas internamente desplazadas.
Explicación:
No se si sirva....
pus no se no vivo hay :3