Question

¿Por qué era necesario desarrollar en América Latina una Reforma Agraria?

Answer 1

Ciertamente la intervención del estado orientada a corregir defectos de la estructura agraria no es un hecho reciente en América Latina. Desde los tiempos coloniales la metrópoli, los virreyes y gobernadores generales han tratado de solucionar el desorden de los títulos legales de acceso a la tierra y los conflictos sangrientos derivados de las formas de tenencia que surgieron de la época de la “conquista” y de la implantación de la economía mercantilista en el campo latinoamericano.

Nuestra reflexión, sin embargo, se referirá únicamente a los procesos más recientes, acontecidos durante el siglo XX y conocidos bajo la denominación de reforma agraria; es decir, a aquellas políticas que se orientaron a redistribuir tierras excesivamente concentradas en manos de grandes propietarios. Además de esas intervenciones del estado en la distribución de tierras, el campo latinoamericano fue también el escenario de dos revoluciones agrarias: la Revolución Mexicana (1910) y la Revolución Boliviana (1952) que dieron origen a programas de reforma agraria.

En relación a ello, entonces, las reformas agrarias latinoamericanas acontecidas en el pasado siglo pueden clasificarse, de modo muy esquemático, en tres subconjuntos: los procesos originados a partir de revoluciones agrarias; aquellos procesos institucionales que han distribuido porcentajes significativos de la tierra a campesinos sin tierra; y, finalmente, los que se han limitado a intervenciones puntuales en la estructura de distribución de la propiedad de la tierra2.

Tanto los procesos que se han originado en revoluciones (México y Bolivia) como las reformas agrarias que han provocado alteraciones significativas en los índices de concentración de la propiedad de la tierra (realizadas en Guatemala, Chile, Perú, Nicaragua y El Salvador) han representado una substancial tranferencia de tierras de grandes terratenientes a familias de campesinos. En estos casos se creó una agricultura reformada que pasó a constituir un subsector intermedio en el marco de una agricultura dividida entre un sector comercial moderno –hegemonizado por el agronegocio– y un sector campesino tradicional dedicado tanto a la producción de subsistencia como a la venta de excedentes en el mercado.

Por otra parte, puede señalarse un segundo bloque constituido por aquellos países que realizaron reformas agrarias superficiales y que agrupa las experiencias de Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, República Dominicana y Paraguay. En estos casos la intervención del estado no hubo de alterar significativamente los índices de concentración de la propiedad de la tierra. La mayoría de estos programas fueron patrocinados por Estados Unidos en el marco de la llamada “Alianza para el Progreso” con el objetivo de crear un “colchón” de granjeros medianos entre la masa campesina tradicional y la gran propiedad comercial moderna. La preocupación evidente de Estados Unidos y de los gobiernos latinoamericanos era impedir que se expandiera en el continente el virus de la revolución cubana. Los resultados de estas seudo reformas han sido muy pobres; lo que no impidió que generasen voluminosas burocracias, totalmente incapaces de proporcionar el soporte técnico y financiero requerido para que los asentamientos resultantes de estas reformas agrarias pudiesen desarrollarse adecuadamente.

El hecho intrigante, y que requiere una explicación, es que, no obstante las grandes diferencias que pueden señalarse entre los procesos de reforma agraria que tuvieron lugar en el pasado en los distintos países del continente, la situación actual del campesinado latinoamericano –en términos económicos, sociales y políticos– presenta algunas similitudes que no deberían aparecer teniendo en cuenta que han pasado por reestructuraciones de la propiedad de la tierra de dimensiones muy distintas.

En efecto, en todos los países considerados, independientemente del grado de desarrollo y del nivel de ingreso per cápita que han alcanzado, el campesinado es el contingente poblacional más pobre, con los peores indicadores de salud e índices más bajos de expectativa de vida. Es también el sector de la población que se encuentra más alejado de la educación y de la participación en la vida política nacional. Esto es así, tanto en el sentido de la proporción de familias ubicadas por debajo de la línea de pobreza absoluta (más grande en el campo que en las ciudades) como en relación al grado de la pobreza en el que ellas se encuentran.