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Las empresas privadas, los propietarios de tierras, los pescadores y los agricultores son los responsables de las medidas que afectan la diversidad biológica. Los gobiernos deben asumir una función esencial de dirección, particularmente estableciendo normas que orienten la utilización de los recursos naturales y protegiendo la diversidad biológica cuando tienen el control directo sobre la tierra y el agua. En virtud del Convenio, los gobiernos se comprometen a conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica. Deben elaborar estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica e integrarlos en los planes nacionales más amplios en materia de medio ambiente y desarrollo.
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