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A fin de responder a los problemas ambientales, el Estado ha asignado una serie de competencias ambientales a un conjunto de organismos del sector público, los que se encargan de establecer las políticas y mecanismos regulatorios, así como de fiscalización y el control correspondiente.
Se han logrado avances en los últimos años. Sin embargo existen dificultades debido al modelo de gobierno sectorial. El recurso agua es un claro ejemplo ya que al tener múltiples usos y usuarios (agrícola, urbano, pecuario, energético, industrial, minero, turístico) involucra muchas autoridades.
Por otro lado, cada sector exige la asignación de territorio para desarrollar sus actividades. Existen por tanto, un mapa minero, un mapa forestal, otro turístico, otro de uso poblacional y expansión urbana, otro agrícola y otro arqueológico y así sucesivamente
Para resumir no ha existido en el Perú una verdadera política ambiental, sino tan solo una serie de esfuerzos aislados que, de manera comprensible no han podido enfrentar eficazmente los problemas
Estos esfuerzos han sido mayormente legislativos. En el presente siglo, en nuestro país se han dictado mas de 4700 normas legales con implicancia directa o indirecta en materia ambiental. De ellas mas de 800 han aparecido en los últimos cinco años
La promulgación del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en setiembre de 1990; las normas sectoriales ambientales a partir de setiembre de 1993; la aprobación de la nueva Constitución Política en Diciembre de 1993; la creación del Consejo Nacional del Ambiente en diciembre de 1994; la promulgación de la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenido de los Recursos Naturales, La Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley Areas Naturales Protegidas, Ley que Penaliza el Internamiento de Desechos Peligrosos o Tóxicos, Ley que modifica el Artº 19 de la Ley 25902 y que posibilita la Creación del Centro Nacional de Ecoguardas y otras leyes aprobadas durante la legislatura 1996-1997, son solo algunas de las normas que evidencian significativos avances destinados a la formulación de una clara política ambiental en el Perú.
Ello ocurre dentro de un programa económico que se sustenta en la reducción de las dimensiones del Estado, en el fomento de las inversiones, en la privatización de empresas públicas, en la definición de políticas de libre mercado y reglas claras que garanticen la propiedad privada.
En ese sentido se trata de promover el uso sostenible de nuestros recursos naturales a través de un marco jurídico legal sobre el cual la actividad privada puede alcanzar una rentabilidad y por ende, el crecimiento económico del país, sin menoscabar ni poner en peligro su uso para generaciones futuras.
III. NUEVA VISIÓN AMBIENTAL
Los tiempos actuales exigen orientaciones prácticas y realistas en cuanto a la aplicación de estrategias de manejo y utilización de los recursos naturales. Nuestro planeta viene experimentando una gran presión a consecuencia de prácticas extractivas y degradación, a niveles peligrosos, de los recursos naturales y la contaminación y degradación de su ambiente.
La Comisión Ambiente, Ecología y Amazonía del Congreso de la República, no esta ajena a estos tiempos, y siendo consciente del enorme potencial en recursos nacionales, con que cuenta nuestro país; debemos dejar atrás una actitud paternalista y proteccionista limitante, para asumir decididamente la labor de diseñar el marco jurídico político que permitan la promoción y participación en la búsqueda del aprovechamiento racional, sostenible y sustentable en el tiempo de nuestros recursos por un lado y en la realización de un trabajo de prevención, colaborando y apoyando al fortalecimiento institucional de las entidades ligadas al tema y en la generación de conciencia nacional sobre la necesidad de proteger el ambiente como base del desarrollo sostenible por el otro.
El uso sostenible debe ser un concepto real y aplicativo que permita demostrar el equilibrio que pueda generarse entre el hombre y su ambiente.
Esta nueva visión descarta supuestos tales como que el desarrollo pasa necesariamente por la agresión ambiental, que contaminar ahorra costos y que los impactos ambientales los enfrenta al Estado en base a regulación, control y sanción. Esta nueva visión indica que el desarrollo no supone necesariamente daño, que las prácticas industriales contaminantes son malas para los negocios, que el no contamina gana, que el mercado estimula la adecuación y la reconversión, que el supremo juez es el consumidor, evaluando la responsabilidad ambiental de las empresas y sus productos. Hay que estimular los esfuerzos y las conductas en lugar de esquemas de sanción y control.
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