escribe las consecuencias económicas, políticas y sociales de la guerra de la “cien horas”, tanto para los países involucrados como para el resto de los países de la región.
Respuestas
Respuesta Un elemento importante en la tensión diplomática entre El Salvador y Honduras fue la situación social en ambos países, donde los respectivos gobernantes militares buscaban una salida conveniente para los grupos en el poder político de cada país. Los dos contendientes se caracterizaban por tener una economía nacional basada en la producción de materia prima de origen agrícola, al ser muy escaso el poderío de la industria y el sector servicios de ambas economías. Una gran parte de la población de los dos países estaba formada por campesinos sin tierras, quienes trabajaban como jornaleros en fincas de grandes terratenientes.
Los grandes hacendados controlaban la mayor parte de la tierra cultivable en El Salvador desde los años 1920 puesto que los sucesivos gobiernos salvadoreños habían rechazado todo proyecto de distribución de tierras a campesinos pobres. Esto llevó a la emigración constante de campesinos salvadoreños a regiones de Honduras cercanas a la frontera con El Salvador, cuya extensión territorial era equivalente al 20 % del territorio hondureño, pero cuya población era más numerosa que la de Honduras en 1969: 3 600 000 salvadoreños y 2 600 000 hondureños. La sobrepoblación de El Salvador halló una válvula de escape en la emigración de campesinos salvadoreños a Honduras, país con menos población y con demanda de mano de obra no cualificada, al punto que hacia 1969 había casi 300 000 jornaleros salvadoreños viviendo en Honduras, donde formaban casi el 20 % de los peones rurales de dicho país. Esto permitía a las élites de El Salvador reducir la alta densidad demográfica de su país sin sacrificar sus intereses financieros, evitando todo posible «reparto de tierras».
En 1969 la situación cambió en Honduras. Los grandes terratenientes hondureños también experimentaron la presión social de tener grandes masas de jornaleros sin tierras que podían ser fuente de revueltas contra el gobierno. Para paliar el descontento de los campesinos pobres de Honduras, el presidente Osvaldo López Arellano decidió realizar una reforma agraria sin afectar a los grandes propietarios de tierras (entre los que se contaba la empresa estadounidense United Fruit Company, dueña del 10 % de la tierra cultivable de Honduras). La solución del gobierno hondureño consistió en expropiar tierras a los campesinos salvadoreños que habían vivido allí durante varias generaciones y que se habían hecho propietarios a base de esfuerzo propio, además de expulsar a los jornaleros salvadoreños residentes en Honduras. Esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras por el escuadrón clandestino «La Mancha Brava», surgido en los meses previos a la guerra. Esta formación paramilitar asesinó y detuvo a una gran cantidad de salvadoreños en la zona fronteriza, lo que produjo un «regreso» masivo a El Salvador y agudizó la situación entre los dos países.[cita requerida]
Los gobiernos aprovecharon esta escalada de tensión para orientar la atención de sus poblaciones al exterior, en vez de enfocarse en los conflictos políticos internos de ambos países. Los medios de comunicación alentaron el odio entre hondureños y salvadoreños. Los conservadores en el poder en El Salvador temían que la expulsión de salvadoreños de Honduras causase tensiones sociales: más campesinos implicarían más presiones socioeconómicas en El Salvador, cosa que ocurrió. Debido a la pasividad del gobierno hondureño ante el genocidio que cometía «La Mancha Brava» sobre los salvadoreños en Honduras, las autoridades de El Salvador decidieron intervenir militarmente
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