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Cada uno de ellos posee un gobierno, fuerzas armadas, relaciones exteriores y una población que en mayor o menor medida reconoce su legitimidad y respalda el esfuerzo bélico. La victoria de uno de los contrincantes puede ir seguida de una secesión o de la conquista del gobierno. Estas fueron las pautas que siguieron la Guerra de Secesión americana, la Guerra Civil española, y los primeros conflictos armados de los Balcanes entre Eslovenia, Croacia y la República Federal Yugoslava.
Sin embargo, los enfrentamientos que vamos a analizar en este capítulo difieren sustancialmente de las guerras civiles ‘clásicas’. No se trata tanto de la rivalidad entre un gobierno establecido y un centro alternativo de poder que aspira a crear una nueva estructura política, como del desmoronamiento parcial –y, en casos extremos, completo– de las estructuras estatales. A comienzos del siglo XXI esta categoría de conflictos continúa siendo la más numerosa, la que provoca mayor sufrimiento, y la más compleja de resolver.
Debilidad del Estado
En la Europa de los siglos XV y XVI la guerra contribuyó a centralizar los recursos y fortalecer el poder de los monarcas, impulsando así la aparición del Estado moderno. Los conflictos internos actuales se caracterizan precisamente por el proceso contrario. En ellos el Estado se asemeja cada vez menos a la definición clásica de Weber (1958: 212); es decir, a una comunidad humana que reclama –exitosamente– el monopolio legítimo de la violencia en un determinado territorio. El poder estatal se descompone y da paso a una situación de poliarquía armada. En el interior de sus fronteras emergen actores de distinta naturaleza: insurgentes, señores de la guerra, grupos paramilitares, milicias de autodefensa, mercenarios, etc.
Agravios que agudizan el conflicto social y que a su vez pueden estar relacionados con la pobreza, desigualdad económica, exclusión étnica, carencia de derechos políticos y libertades civiles, y con aspiraciones frustradas por la distancia existente entre el estatus social y económico real y el esperado.
Condiciones que facilitan la movilización de los potenciales insurgentes y que se encuentran asociadas tanto a los incentivos que ofrece unirse a la rebelión, como a la capacidad del Estado para elevar los costes de hacerlo y disuadir a quienes se inclinan a favor de la protesta.
Los factores políticos desempeñan un papel esencial en los conflictos internos. El primero de ellos es la capacidad del Estado. Aquellos gobiernos que disponen de recursos financieros y de una administración eficaz e implantada en todo su territorio se encuentran en mejores condiciones de satisfacer las necesidades básicas de su población y de reducir los incentivos que ofrece la violencia política a gran escala. Al advertir las tensiones sistémicas que generan determinados agravios, los Estados capaces pueden afrontar los problemas subyacentes y cooptar a los sectores críticos respondiendo a sus demandas. De este modo, dificultan que quienes pretenden iniciar una insurgencia superen los problemas asociados a la acción colectiva (Sobek, 2010: 267).
Por otra parte, los Estados fuertes cuentan con recursos coercitivos eficaces con los que disuadir o neutralizar la actividad insurgente en sus etapas iniciales, lo cual requiere tanto presencia policial y militar sobre el terreno, como conocimiento local sobre lo que está sucediendo. Por el contrario la ineptitud y la corrupción policial y militar favorecen la aparición de la insurgencia, pues además privar al gobierno de medios de reacción, tales deficiencias suelen estar asociadas a una represión brutal e indiscriminada y a abusos sobre la población (del tipo extorsión económica a cambio de protección) que contribuyen a avivar el levantamiento (Fearon & Laitin, 2003). Por ejemplo, el Ché Guevara escogió Bolivia para fomentar la insurgencia porque la inteligencia cubana valoró que las fuerzas de aquel país eran las peor organizadas y entrenadas de toda América Latina
Por último, la capacidad del Estado atenúa el riesgo de propagación de conflictos cercanos geográficamente en la medida en que es capaz de absorber pacíficamente los flujos de refugiados, y de bloquear consecuencias derivadas de guerras cercanas como el tráfico de armas o el intento de establecer bases en su territorio por parte de alguno de los contendientes. En este sentido destacan dos aspectos a la hora de evitar el contagio: 1) lograr el despliegue de fuerzas que aseguren las fronteras, gestionen correctamente la llegada de refugiados y eviten la entrada y salida de armas, de bienes ilícitos y de violencia; y 2) conseguir que su población continúe participando a través de los cauces políticos legales y no trate de emular la rebelión de sus vecinos