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La decisión de cambio unificó disímbolas fuerzas económicas y políticas antes de la elección presidencial del 1 de julio; tal unidad de voluntades comienza a dividirse.
La determinación de élites y del electorado era terminar con el mal gobierno priista, lo que se consiguió en las urnas; alcanzado por López Obrador el triunfo electoral, ha comenzado a armarse un tipo de oposición que, por el momento, sólo se presenta en defensa de las libertades del individuo.
El argumento es atractivo, aunque ilusorio mientras no se sustente en los ingresos que permitan su ejercicio; lo sostienen opinadores liberales como Leo Zuckerman en TV, e historiadores como Enrique Krauze, y otros de menor estatura.
Ellos mismos respaldaron las políticas públicas que entronizaron el neoliberalismo con las recetas del llamado Consenso de Washington, las cuales llevaron al desmantelamiento del Estado.
Su oposición, en vísperas de la elección presidencial, era al mal gobierno, y criticaron a Peña Nieto con enjundia, pero no significa que estén a favor de cambios verdaderos en el orden político, económico y social en el que ocupan posiciones de privilegio.
No hablan del balance desastroso que arroja el nuevo liberalismo en bienestar social, fragilidad institucional y prestigio internacional del país; en cambio, anticipan su crítica a los intentos de cambios relacionados con la distribución del ingreso social que el gobierno entrante seguramente hará, para lo cual deberá recuperar espacios de acción del Estado.
El liberalismo ha dejado un legado importante, pero también tiene carencias graves que sólo el Estado puede cubrir. Algunos de sus aspectos son favorables a la convivencia social, como la división de poderes, el Estado de derecho, la limitación jurídica de la autoridad pública y la doctrina de los derechos humanos; son principios que defienden con alguna eficacia a la sociedad en contra del autoritarismo, y que a todos nos interesa preservar y afirmar.
La herencia liberal, sin embargo, no contempla, entre sus propósitos, hacer de la distribución equitativa del ingreso el fundamento de la democracia social y política, ni toma en cuenta que, en el capitalismo, la libertad individual efectiva depende de ingresos que la permitan.
Avanzar hacia una mayor equidad social es papel que corresponde al Estado, sin que deba implicar amenazas -aunque sí normas- a la libertad de hacer negocios, a las de expresión, asociación y cualquiera por las que propugna el liberalismo.
México, más que muchas otras naciones, está urgido de establecer una mayor igualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso. Inclusive es condición para destrabar fuerzas productivas.
El mandato electoral es por un cambio, no sólo de gobierno sino de orden político y social que permita una mayor equidad en las oportunidades de alcanzar una vida decente en México.
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