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Como bien se sabe, el 18 de septiembre de 1810 no se produjo la Independencia de Chile. La Junta de Gobierno, instituida en esa fecha, ratificó su fidelidad al monarca Fernando VII, cautivo por las fuerzas de Napoleón. Sin embargo, a partir de ese momento —y desde antes, aunque en círculos pequeños— comenzó a prender la llama de la autonomía con respecto a la metrópoli.
La invasión napoleónica a España (1808), hizo que surgiera entre las elites dirigentes la pregunta sobre el modo en que los chilenos debían gobernarse. Claramente, no había que someterse al invasor francés. Pero tampoco a las juntas españolas. ¿Por qué? Básicamente, porque se consideraba que las provincias españolas —Chile, entre ellas— se vinculaban a la Península como patrimonio directo de la Corona y no como parte del Estado español. En consecuencia, se pensaba que, ausente el monarca, el poder volvía al pueblo, el que podía (y debía) buscar la mejor forma de auto-gobernarse.
Ahora bien, pese a que la Junta de 1810 ratificó su fidelidad al monarca cautivo —y todo ello en virtud de ideas tradicionales españolas sobre el origen popular del poder—, lo cierto es que, al poco andar, comenzaron a adquirir gran importancia principios claves del liberalismo político.
En términos generales, este liberalismo puede entenderse como el reconocimiento de sujetos-ciudadanos que pactan la construcción de la sociedad con el Estado, obligándose éste a garantizar un conjunto de libertades y derechos de los primeros. De este concepto, derivan algunos principios esenciales, a saber: soberanía popular, democracia representativa, constitucionalismo, separación de poderes y derechos naturales.
Todos estos principios estuvieron presentes desde los albores del proceso autonomista (y después separatista) en Chile. O sea, más allá de querer construir un nuevo orden, autónomo o derechamente independiente de la monarquía, resultaba claro que había que dejar atrás el pasado absolutista, caracterizado por una centralización estatal frente a los individuos y la sociedad civil.