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El país ya no cree el cuento de que la minería es una actividad esencial para la economía que debe promoverse a cualquier costo. Los efectos negativos ambientales, sociales y de seguridad de las explotaciones mineras, legales e ilegales, son divulgados día tras día, y generan indignación en comunidades, preocupación en medios de comunicación y decisiones judiciales de altas cortes que han tenido que pronunciarse ante el desgreño reinante.
ExplicacióNo aludiré hoy a la minería ilegal más allá de señalar que su impacto como factor de inseguridad y degradación ambiental es monstruoso. Es fuente financiera de bandas criminales de todas las layas y siglas, empezando por la Farc, y quizás por eso está absolutamente descontrolada. El Estado central elude el problema mediante el simple expediente de endosárselo a los alcaldes, quienes obviamente no tienen la forma de enfrentarlo.
Pero, también, la llamada minería legal tiene graves problemas. En el 2015, 9.291 títulos mineros inscritos en el registro minero nacional cubrían más del 5% territorio. Ese año, las inspecciones del Estado generaron 29.966 no conformidades, o incumplimientos de parte de los titulares de esas concesiones, en temas jurídicos, técnicos, económicos, ambientales y de seguridad minera. Esta cifra, similar a la de cualquiera de los años precedentes, en los que más de 90% de los títulos, rutinariamente, suma cerca de 30 mil incumplimientos por año
Esto mientras que la Corte Constitucional ha tenido que anular textos de la Ley del Plan de Desarrollo que permitían la explotación minera en los páramos, y las comunidades se enfrentan a pretensiones de explotación minera en áreas de especial interés turístico y ecológico como el valle de Cocora y Cajamarca. O se conoce de autorizaciones ambientales para desvíos de vitales ríos y arroyos, requeridas para determinadas explotaciones en La Guajira y Cesar. Y así ya no sea noticia, sigue evidenciándose el efecto en la calidad de vida de comunidades afectadas por pobreza, degradación ambiental y destrucción del tejido social en zonas de actividad minera.
Toda esa amenaza ambiental y social, ¿para qué? Para promover una actividad que representa apenas el 2 % del PIB y cuya contribución al presupuesto nacional en regalías y compensaciones equivale a menos del 0,8% del presupuesto nacional. En cuanto al empleo, sumando minería e hidrocarburos, no llega al 0,9% del total de puestos de trabajo del país.
El Estado debe trabajar con la verdad y cuantificar el costo/beneficio de la minería. No bastan sus cuentas alegres de regalías mínimas y de inversiones que no generan empleo importante, y debe pasar a cuantificar los costos de los ecosistemas afectados, de las fuentes de aguas agotadas y suelos destruidos, de la biodiversidad perdida, de los costos de oportunidad para los propietarios de terrenos que deben renunciar a sus actividades productivas cuando se conceden títulos mineros sobre ellos, y de los perjuicios a la salud y la vida social de las comunidades afectadas. Mientras el Estado hace algo para frenar la minería ilegal, debe por lo menos ordenar el mundo de la minería legal, comenzando por cancelar los títulos en los que se violan las reglas. Todos ellos, así sean el 90% de los otorgados. Es urgente cambiar el actual enfoque de puertas abiertas y títulos mineros fáciles y sin control por un modelo responsable.